Lograr el desalojo de una propiedad alquilada resulta una misión casi imposible en Venezuela, ante la existencia de la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, que inclina la balanza únicamente en favor de los inquilinos
Nancy Castillo, madre de trillizos de cinco años, asiste desde hace un lustro a los tribunales y el Ministerio de Vivienda y Hábitat para solicitar el desalojo de un apartamento que entregó en alquiler con opción a compra en 2008.
Sus arrendatarios incumplieron el acuerdo de compra y desde hace cinco años dejaron de pagar su canon y el condominio del inmueble.
"Tengo un apartamento, declarado como vivienda principal, y no puedo vivir allí. Mientras tanto pago un alquiler bastante alto en otro lugar,donde resido con mis tres hijos".
Explica que logró varias órdenes de desocupación, pero ninguna se concretó, debido a que los inquilinos alegaron no tener dónde vivir, pues el Ministerio de Vivienda y Hábitat carece de refugios para ubicarlos.
"Me dan órdenes de desalojo para tres meses, pero las personas se niegan a irse. Siempre les dan tres meses más. Finalmente la medida nunca se concreta. Somos muchos los que tenemos este problema".
"Cuando pensábamos que el tribunal iba a hacer la desocupación, se verificó si el refugio que le habían asignado a la familia estaba disponible, pero como no lo estaba y no había ningún otro, la decisión no se ejecutó".
Sin protección
El caso de Castillo es similar al de Fernando Martínez, jubilado, quien desde 2008 intenta obtener una orden de desocupación por un apartamento en alquiler.
"Acudí a la Superintendencia de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi), la Fiscalía, Tribunal de Menores; he agotado todas las instancias sin lograr una orden de desalojo; la legislación vigente en materia de arrendamientos deja a los propietarios sin ninguna protección".
Sostiene que su inquilina cancela un bajo canon de arrendamiento y se niega a pagar cuotas por concepto de condominio por el inmueble... REGRESAR |
