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La noche del viernes 18 de julio Benny Palmeri-Bacchi iba camino a unas vacaciones en el maravilloso mundo de Disney en Orlando, cuando fue arrestado por agentes de la agencia antidrogas DEA en el aeropuerto internacional de Miami y llevado ante un tribunal federal por delitos de tráfico de cocaína, obstrucción de la justicia, lavado de dinero y extorsión. Palmeri-Bacchi es abogado, era juez en Venezuela y se le acusa de impedir la deportación de uno de los narcos colombianos más buscados entre 2009 y 2010, con ayuda del entonces jefe de la Oficina de Interpol en Caracas. Palmeri se había dedicado al negocio de los alimentos estos últimos años: era directivo de la cámara de empresarios venezolanos del Mercosur y propietario de media docena de empresas en el sur de Florida y en Venezuela. Ya era lo que los venezolanos de ambas orillas llaman un boliburgués: un miembro de la nueva oligarquía que floreció a la sombra del chavismo y que lo mismo que las anteriores, conserva el gusto de invertir en Miami su súbita –y con frecuencia mal habida- riqueza.

El origen de estas nuevas fortunas venezolanas es diverso: bien pueden provenir del narcotráfico y el lavado de dinero, como sospechan las autoridades federales en el caso del exjuez Palmeri, o de la corrupción que crece al amparo de la bonanza petrolera –en especial, de los contratos con el Estado y del control de cambio establecido en 2003 justamente para evitar la fuga de capitales. El exministro de Finanzas, Jorge Giordani, admitió en enero que solo entre 2012 y 2013 el Estado entregó 20.000 millones de dólares para importaciones, a precios preferenciales, a empresas de maletín. Parte de ese dinero ha venido a parar a Florida y ha contribuido a la recuperación del mercado inmobiliario local, golpeado por la crisis económica de 2011.

Esta gran inyección de capital venezolano ha llegado por dosis. Las más altas y recientes han sido las de los exbanqueros afines al Gobierno que cayeron en las intervenciones de entidades bancarias y casas de bolsa de 2009; las de los jóvenes empresarios de la antigua oligarquía caraqueña favorecida por el poder, conocidos como los bolichicos, entre 2009 y 2013; las de militares y funcionarios de rango medio que corrieron a resguardar “sus ahorros” cuando el presidente Hugo Chávez enfermó de cáncer en 2011; y el de altos cargos caídos en desgracia, que pactaron con la justicia de Estados Unidos a cambio de información sobre los manejos turbios del chavismo. Otros siguen aún conectados con la administración del presidente Nicolás Maduro y compran, invierten y vacacionan en Florida; y algunos legisladores floridianos creen que Washington debe sancionarlos con firmeza, tanto por sus fraudes como por su responsabilidad en las denuncias de violación a los derechos humanos en Venezuela... REGRESAR


Fecha publicada: 04/08/2014
Fuente: El Pais de España
Tema: index

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