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Caso 1
Una pareja contrae nupcias contando con una fuerza mensual que entre los dos asciende a 2,6 millones de bolívares (incluyendo los cesta tickets) ; los ahorros de ambos resultan insuficientes para alquilar un apartamento, ni pensar en la cuota inicial para comprarlo.
Su nido no pasará de ser una habitación alquilada, en una zona que se encuentre lo más lejos del hampa y lo más cerca posible de sus centros de trabajo.
Ambos se ilusionan con formar una familia y ella desea tener cuatro hijos, a lo que su padre le espeta: “Pero será con el nieto de Donald Trump, mija, porque con esos ingresos de mi yerno lo mejor es hacerle la vasectomía ya, yo se la puedo financiar”.
Caso 2
Una promisoria empresa privada contrata los servicios de un experto contable que llega a Caracas procedente de Barquisimeto. Para alojarlo, la firma presupuesta la estancia en un hotel o el alquiler de un apartamento en una zona que se encuentre dentro de los límites de Libertador y Chacao. Al verificar los precios y previa autorización del huésped, la empresa alquila una habitación en un apartamento de Los Palos Grandes.
En estos momentos de crisis, hay algunas personas de la tercera edad y un poco más jóvenes también cuyo mayor capital es su vivienda.
Lejos de sentarse sobre esa enorme masa de billetes, deciden subarrendar los cuartos que ya los hijos abandonaron y sacarle provecho a la precaria situación habitacional que atraviesa el país. Y lo mejor de todo es que esta modalidad está fuera de la regulación de alquileres, impuesta en 2002.
Los expertos estiman que aquí se conjugan tres situaciones.
La primera, la escasa oferta de inmuebles en alquiler; la segunda, el desempleo; y la tercera, el deterioro del poder adquisitivo del venezolano.
“Todos hemos perdido calidad de vida. Los que alquilan porque pierden privacidad, y los que viven alquilados en habitaciones porque tienen que resignarse a las incomodidades”, dice un experto inmobiliario.
ABERRANTE SITUACIÓN
El otro aspecto que entra en juego es la aberrante situación que ha creado la regulación de alquileres.
Según las estadísticas de la Cámara Inmobiliaria de Caracas (CIM), hasta el año pasado el precio promedio de un apartamento oscilaba entre los 300 millones y los 400 millones de bolívares.
Pero para el mismo lapso, el precio promedio de las oficinas rayaba los 1.000 millones de bolívares y los locales comerciales no se conseguían por menos de 600 millones de bolívares. Oficinas y locales hay como arroz en el mercado, pero no por casualidad ambos renglones se hayan fuera de la regulación y los controles decretados por el Gobierno.
El mismo panorama se repite en los sectores populares, donde la desesperación y hacinamiento los empuja a invadir apartamentos, casas, terrenos y edificios, porque hay un handicap a su favor:
nada tienen que perder.
–Los estudios que hemos adelantado nos permiten tener una visión bastante completa de las consecuencias de las regulaciones del sector inmobiliario, en particular de las regulaciones sobre los alquileres. Estas regulaciones se hicieron fijando precios que están por debajo de lo que dicta el mercado, lo cual iguala la oferta con la demanda. Esto ocasiona que las cantidades ofrecidas disminuyen y las cantidades demandadas aumentan, generando escasez–, dice Abelardo Daza, de ODH Grupo Consultor.
Daza sostiene que a pesar de las regulaciones que pretenden promover el acceso a la vivienda, cada día son menos las operaciones de alquiler y lo que crece es el mercado de compra venta.
–Los alquileres de habitaciones pasan de un mercado secundario a un mercado underground que escapa de las regulaciones.
De allí que se abra el apetito de los arrendatarios. Esto último es fácilmente verificable si se toma en cuenta que el número de habitaciones en alquiler se ha mantenido estable o ha aumentado, mientras que el de los apartamentos de alquiler ha caído en picada–, agrega Daza.
Cuatro años en el congelador
El Ejecutivo Nacional mantiene el control de precios sobre los arrendamientos. En la Gaceta Oficial los ministerios de Vivienda, Infraestructura e Industrias Ligeras publicaron la resolución en la cual extienden por seis meses más la congelación de los alquileres.
Con esta nueva prórroga los arrendamientos ya tendrán cuatro años congelados sobre la base de los cánones de noviembre de 2002.
En la normativa se indica que “en atención a que es deber del Estado salvaguardar los derechos de los usuarios, por tal motivo se considera como servicio de primera necesidad a los alquileres de vivienda”.
De acuerdo con lo que han indicado los representantes de la Cámara Inmobiliaria de Caracas, el control ha impactado en las operaciones de alquileres que en más de tres años se han reducido en 70% .
FIJARÁN SISTEMA DE BANDAS
El despacho de la Vivienda y Hábitat anunció recientemente que la resolución para fijar bandas de precios para las viviendas será llevada al seno del Consejo de Ministros El titular del despacho, Luis Figueroa, adelantó que el Gobierno analiza el esquema de regulación de precios con el sector privado.
La Cámara Inmobiliaria de Caracas y la Cámara Venezolana de la Construcción han venido avanzando en conversaciones con el Gobierno para finiquitar los alcances del acuerdo para la estabilización de precios. REGRESAR |
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