Existe el propósito de los poderes públicos nacionales –el Legislativo y el Ejecutivo– de regular los precios de los servicios médicos en clínicas privadas, en razón de que se consideran elevados. Las clínicas afectadas han propuesto unas tarifas de los servicios más usuales y, al parecer, esta autorregulación no ha convencido a las autoridades, que se disponen a fijar sus propias tarifas.
Puede decirse, sin exageración, que el estado general de salud de la población venezolana no es bueno. Particularmente insatisfactoria es la situación de la salud de la mayoría social de bajos ingresos, afectada por la deficiente e insuficiente alimentación, el mal alojamiento, la ausencia de servicios sanitarios en la vivienda, la promiscuidad, la falta de defensa contra la contaminación ambiental, a lo que hay que agregar la grave insuficiencia de servicios hospitalarios públicos, así como las dificultades crecientes para utilizar esos servicios. Los hospitales y demás centros de salud públicos están casi siempre desprovistos de lo más elemental y sobrecargados de pacientes. Me refiero a la salud física, porque la mental es tanto o más grave, en razón de la inseguridad, el desempleo, la pobreza, la incertidumbre, el desequilibrio social, entre otros.
Los precios de los servicios médicos organizados son determinados por los costos, principalmente, y por los amplios márgenes de ganancia de las empresas denominadas clínicas, que, al parecer, consideran que su objetivo es el lucro, como cualquier empresa privada. También hay médicos que ejercen su profesión como un medio para hacerse rápidamente de un patrimonio sustancial. Por supuesto, no es el caso general, porque existe lo que se califica como ética profesional y especialmente conciencia social.
Los costos de las clínicas tienden a ser elevados, inmersos en la inflación; pero hay que advertir que esos costos dependen de los suministradores de insumos en equipos, materiales y medicamentos y no es consistente regular las clínicas y dejar fuera a los suministradores. Toda la cadena de la salud debe ser objeto de regulación y otras providencias en defensa de los pacientes. Determinados los costos –sería preferible establecer parámetros y normas para ello, porque los costos son dinámicos– hay que fijar racionalmente los márgenes de beneficio, lo que necesariamente afectará la rentabilidad de las clínicas como fuentes de ganancias, pero no debe afectarlas como fuentes de empleo.
Conviene señalar que los servicios médicos organizados son unidades de responsabilidad social, que prestan servicios de protección y recuperación de la salud y, en buen número de casos, de salvamento de vidas humanas. Por la misma razón, los médicos, paramédicos y demás personal adscrito a esos servicios, deben tener conciencia de su función de agentes de salud y de vida. Pero, por ora parte, para que continúen realizándose inversiones en clínicas y demás centros privados de salud, hay que preservar los estímulos económicos equilibrados con la función social. El caso especial de la emergencia tiene que ser objeto de normas que eviten situaciones penosas y absurdas en que un enfermo o herido grave no es admitido por razones económicas, aunque éstas pueden solucionarse de alguna manera. Las emergencias médicas tienen que ser objeto de especial consideración.
Retorno a mis comentarios iniciales: el Estado, a la par que procura la regulación y el mejor funcionamiento de los servicios privados de salud, tiene la obligación, no sólo institucional sino también moral, de mejorar y multiplicar los servicios públicos de salud, de tal manera que el venezolano de ingresos bajos o medios tenga la alternativa real de recurrir a ellos con confianza. La vida humana es prioritaria en el desarrollo nacional. REGRESAR |
