|
|
|
Datos de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) indican que entre 1999 y 2006 fueron invadidos en todo el país 8.385 bienes tanto en áreas urbanas como rurales, entre los que se cuentan edificios, casas, terrenos, galpones y oficinas.
Tan sólo en el área metropolitana de Caracas mantienen esa condición 152 edificios, de acuerdo con los registros de esta asociación que nació en octubre de 2003, cuando se produjo la segunda ola de invasiones en la región capital, visto el fenómeno como un ataque frontal a la propiedad privada.
El abogado Roberto Orta Martínez, vicepresidente de Apiur, reconoce que las invasiones siempre han ocurrido, especialmente en terrenos sin uso, pero destaca la ola que se ha generado en los últimos años a raíz de la eliminación de la competencia que tenía la Guardia Nacional para prevenir la invasión de terrenos.
A ello suma la impunidad al no existir procedimientos preventivos y el procesamiento judicial de invasores -salvo el caso de la comandante Yasmín Manuitt- pese a que el Código Penal contempla sanciones pecuniarias y pena de prisión para los responsables, y el discurso político confuso de lucha de clases, mal entendido e interpretado como una revancha entre sectores sociales como el llamado a invadir.
Habiendo hecho seguimiento a muchos casos de invasiones, Apiur ha detectado que detrás de este tipo de procedimiento se esconden bandas organizadas que utilizan muchos modus operandi, entre ellos valerse de mujeres y niños como escudos de protección contra los cuerpos de seguridad, y alegar la necesidad de vivienda.
Comenta que en muchos casos el delito viene acompañado de otros como porte ilícito de armas, falsificación de documentos, traspaso y venta ilegal del inmueble.
Entre los bienes ocupados de manera ilegal se cuentan no sólo aquéllos que pertenecen a particulares sino también propiedades de organizaciones no gubernamentales y del Estado (parques nacionales, alrededores de El Poliedro, edificios de Fogade, entre otros).
PROPIETARIOS DESPROTEGIDOS
El problema de inseguridad jurídica generado con las invasiones se agrava con la expropiación de inmuebles, cuyos dueños no han recibido a la fecha el pago justo.
Según Apiur, 158 edificios ocupados por inquilinos han sido afectados en el área metropolitana por decretos de expropiación dictados por la Alcaldía Mayor, instancia que -asegura Orta Martínez- no previó un presupuesto para la indemnización correspondiente, lo que lleva a exigir la revocatoria de los procedimientos.
Dice que lo más grave es que un ente gubernamental avale la invasión de inmuebles al decretar luego su expropiación. REGRESAR |
*** noticias no disponibles *** |
|
