Si en algún campo el proceso revolucionario ha fallado ha sido en responder para que las mayorías necesitadas logren sus viviendas, y en ordenar el crecimiento urbano armónico y con calidad. ¿Cuáles son las causas de este fracaso? Muchas.
En esta oportunidad nos referiremos sólo a la organización. Hoy se desconoce quién es el responsable del sector urbano. Las reestructuraciones, desde el antiguo Mindur hasta el Ministerio para la Vivienda y el Hábitat, han reforzado la dispersión de ejecutores, responsables, recursos, programas, criterios y políticas. Originando una descoordinada acción pública sin responder a un plan y a una estrategia común. Por ejemplo, hoy construye viviendas una constelación de organismos de diferentes galaxias: gobernaciones, alcaldías, ministerios, entes adscritos, empresas públicas, industrias estratégicas, organizaciones comunitarias, etc.
Es decir, un gentío construye, y aún se está muy lejos de llenar las necesidades. Es la acción desesperada de un Estado que carece de una clara y consensuada política nacional y de una eficaz estrategia para desarrollarla. ¿Qué hacer? Definir los roles de los diferentes ámbitos de gobierno (nacional, estadal y municipal) y de los actores privados y comunitarios.
El gobierno central debe asumir con firmeza las responsabilidades y competencias de máximo conductor de los procesos de desarrollo territorial, urbano y vivienda. Y coordinar y supervisar las competencias de ejecución de los gobiernos locales, privados y comunidades.
El gobierno central debe formular una política nacional, audaz e integral, en este campo, consensuada con los otros ámbitos de gobierno, comunidades y privados, y traducirla en un plan nacional.
Si aceptamos estos principios, entonces la organización necesaria en este sector sería nacional y centralizada, que dicta políticas, elabora y controla planes; define prioridades y estrategias; asigna y distribuye recursos; coordina ejecutores, programas y proyectos, y garantiza el cumplimiento de objetivos, metas y resultados. Apoyada y complementada por una organización regional y local ejecutora.
El gobierno central define, conduce y supervisa, y los gobiernos regionales y municipales, las comunidades y privados, ejecutan con las especificidades locales. Se pasaría de un Ejecutivo pésimo constructor, nada planificador y menos controlador, a un eficiente (esperamos) ductor, coordinador y supervisor del proceso.
Por último, la organización responde al rol que debe cumplir el gobierno, a sus políticas, y es parte de la estrategia.
Por ello debe ser flexible a las nuevas realidades. La clave está en definir lo que el gobierno central debe hacer, lo que no debe hacer y lo que debe compartir con otros actores. REGRESAR |