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Ayer 25 de marzo, asociaciones de vecinos y organizaciones civiles convocaron a un Cabildo Abierto para discutir sobre el desarrollo de los terrenos de la base aérea La Carlota, que venía adelantando el gobierno nacional a espaldas de la comunidad caraqueña. Como todos los actos y medidas que ha tomado en estos nueve años en el poder, el gobierno autocrático de Hugo Chávez definió el destino de las 10 hectáreas que conforman la Base Aérea Francisco de Miranda, mejor conocida como La Carlota, sin consultar a la comunidad caraqueña, a pesar del impacto que podría tener el uso de estos terrenos para la ciudad. Desde hace mucho tiempo diferentes sectores vienen planteándose cuáles son las mejores alternativas de desarrollo para los terrenos públicos que ocupa el aeropuerto de La Carlota. Diversos arquitectos y urbanistas han presentado sus propuestas. Uno de ellos ha sido el afamado arquitecto venezolano, Fruto Vivas, quien en 2001 presentó un proyecto donde sugería incluir “un gran balneario, un gran helipuerto, un hospital militar y la conexión con el parque del Este para formar un gran parque que respondería –casi– a las dimensiones del parque central de Nueva York”. Otra propuesta fue presentada, en enero de 2006, por el alcalde de Chacao Leopoldo López, la cual incluye la construcción de viviendas, la ampliación de espacios recreativos y deportivos así como la puesta en marcha de cuatro proyectos relacionados con transporte y circulación que permitirían el flujo continuo de vehículos y pasajeros en la zona. Incluso, en octubre de 2007, la Universidad Central de Venezuela presentó en la sala de Exposiciones de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, una muestra de diversos proyectos elaborados por estudiantes y profesores de esa institución. El Parque Científico Tecnológico Bicentenario de la Independencia Ahora, el gobierno sin haber dado receptividad ni seguimiento a ninguna de estas iniciativas, elaboró un proyecto propio: “El Parque Científico Tecnológico Bicentenario de la Independencia”, del cual apenas ha trascendido que contempla la construcción de 600 unidades habitacionales. Pero, ¡oh sorpresa!, el “ágil” Ministerio de la Vivienda y Hábitat ya comenzó la demolición de hangares y movimientos de tierra, sin informar a la colectividad, sobre los planos del proyecto, el impacto ambiental y socioeconómico, los estudios de las soluciones viales y servicios públicos, ni el alcance del desarrollo que se proponen realizar. Sin embargo, el quehacer hegemónico y autocrático del gobierno, se tropezó en esta oportunidad con una colectividad que está alerta y proactiva para pedir explicaciones sobre el destino de unos terrenos que afectarán su medioambiente y su hábitat en el futuro. La colectividad exige que se le consulte, que se le dé a estos espacios públicos un uso para el disfrute y el esparcimiento que tanto le hace falta a una cuidad donde sus ciudadanos apenas disponen de 0,2 metros de espacio público por habitante para la recreación. REGRESAR |
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