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Rafael Simón Jiménez, ex diputado oficialista por el estado Barinas, emplazó ayer al presidente de la República Hugo Chávez, a que no siga 'tapareando' las denuncias sobre enriquecimiento ilícito que se hacen a sus familiares, porque según la particular ética del Mandatario, sus padres y hermanos habrían acumulado suficientes razones para 'arder en el fuego del infierno' lo que les resta de vida, de acuerdo con las pruebas presentadas por Wilmer Azuaje a la Asamblea Nacional.
Jiménez, que ahora activa políticamente en el opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), ofreció una rueda de prensa en compañía del ex legislador barinés Antonio Bastidas y de Enrique Ochoa Antich, dirigente nacional de UNT.
Dejó claro que no le unen a Azuaje nexos políticos, amistosos ni generacionales, pero alabó la 'labor de filigrana, casi detectivesca' del denunciante al presentar 'en documentos públicos notariados y registrados, en videos y testimonios plurales y concordantes de personas que dan fe de que esas propiedades (fincas) pertenecen a los Chávez'.
Insistió en que Hugo Chávez tiene que fijar posición ante el país por 'la adicción a la terrofagia, al lujo y a la riqueza' de su familia. Rechazó que exista 'una doble moral o rasero' para la aplicación de la ley, pues mientras a Luis Velásquez Alvaray, Eduardo Lappi y Carlos Giménez, se les sanciona por no licitar obras, desde el año 99 en Barinas altos funcionarios del Ejecutivo regional se han saltado esa norma sin ser investigados.
Recordó Jiménez que en su tiempo como diputado e integrante de la Comisión de Contraloría, se elaboraron informes que establecieron responsabilidad de funcionarios medios que no comprometían al gobernador de Barinas, padre del Mandatario, pero que esa y otras investigaciones que arrojaron resultados no llegaron a mayores porque 'todo depende de una decisión política', como ocurrió con el caso del central azucarero Caaez. .
'Ahí está (Eduardo) Manuit sancionado por las comisiones de Política Interior y Contraloría, pero eso no va a plenaria porque eso depende de Chávez, que es quien le ordena a la señora (Cilia) Flores si lo debe castigar o no. Todo está sometido a ese arbitrio'.
Jímenez recordó que los delitos de corrupción administrativa no prescriben e insistió en que todos los poderes públicos están obligados a actuar empezando por el presidente Chávez.
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