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Un análisis efectuado por Primero Justicia reveló que 86% de los ciudadanos sometidos a inhabilitación política por la Contraloría General de la República son opositores al gobierno de Hugo Chávez.
El estudio se basó en la lista de 386 personas que fueron objeto de la sanción por ese organismo, explicó Juan Carlos Caldera, coordinador electoral de la organización política.
Caldera agregó que la situación de los inhabilitados es analizada por una comisión formada por los partidos que firmaron el acuerdo de unidad electoral de la oposición el 23 de enero pasado.
Indicó que emprenderán una campaña internacional para denunciar el caso. 'Vamos a acudir a las comisiones de derechos humanos de diversos organismos y también al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela', anunció.
El dirigente de Primero Justicia dudó de la equidad y la transparencia de la Contraloría en muchos de los casos de inhabilitaciones. 'Por ejemplo –dijo– el concejal David Uzcátegui fue sancionado por haber autorizado una orden para pagar sueldos a maestros en Baruta, y los mismos contralores admitieron en su dictamen que no hubo daño patrimonial al Estado'.
El ex gobernador Antonio Ledezma, cuya inhabilitación expiró el 11 de marzo pasado, afirmó ayer que el análisis presentado demuestra que las sanciones impuestas por la Contraloría responden a 'un ardid del gobierno' del presidente Chávez.
'Esto es un apartheid político, porque el Ejecutivo lo que hace es aprovecharse del control de las instituciones para linchar políticamente a quienes considera sus adversarios', señaló.
'Y en esta avalancha se han tenido que llevar por delante a algunas fichas del oficialismo, como Mari Pili Hernández y Ziomara Lucena, quienes como concejales del municipio Libertador fueron muy eficientes', agregó.
Ledezma exigió a la Contraloría General de la República que revise también la gestión de alcaldes, gobernadores y ministros oficialistas.
'Para comenzar, deben sancionar al presidente de la República, Hugo Chávez, quien admitió haber utilizado 300 millones de dólares del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica en el año 2002 para fines distintos a los que debían ser destinados', dijo. REGRESAR |
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