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En sus inicios, se convirtió en un punto de honor que, incluso, hacía peligrar la unidad de la oposición. La postura sostenida por Acción Democrática de pensar en 'segundas opciones' para los posibles precandidatos inhabilitados por la Contraloría General de la República fue tildada por Un Nuevo Tiempo de 'oportunista' y de 'falta de principios'.
Tres meses después, UNT mantiene esta posición. Admite que aún no han decidido qué hacer en el partido en caso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no admita la inscripción de candidatos inhabilitados en julio.
'No tenemos un plan B. Nuestro plan A es derrotar estas inhabilitaciones que son ilegales e inconstitucionales, pues violan no solo el derecho de ejercer cargos públicos, sino el derecho ciudadano a elegir', aseveró el presidente de UNT, Omar Barboza.
La idea de Barboza es acompañar a los inhabilitados 'hasta el final', un final que no cuenta ni con fechas precisas ni con acciones concretas por parte de la tolda de Rosales.
D OS FRENTES
Por su parte, aunque aseguran estar del lado de los inhabilitados y no querer dejarlos solos en la lucha, la dirigencia de Primero Justicia (PJ) asegura estar consciente de que el tiempo corre. Advierten que no se puede esperar hasta el último momento para presentar segundas opciones, ni mucho menos dejar de presentar candidatos en aquellos sitios donde se impida la inscripción de los inhabilitados.
'Estamos convencidos de que no tiene sentido dejar espacios libres para las elecciones regionales, porque eso sería darle la victoria al Gobierno', explica Carlos Ocariz, secretario general de la tolda.
Recuerda Ocariz que su partido es el que cuenta con más precandidatos inhabilitados: siete de sus postulados a nivel nacional forman parte de la lista de Clodosbaldo Russián.
Ocariz explica que para PJ el primer paso en la lucha por los inhabilitados es 'activar más la calle, hacer más presión' para forzar al CNE y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): al primero para que permita la inscripción de los inhabilitados en julio y al segundo, para que sentencie de manera definitiva la anulación de las inhabilitaciones.
Este elemento jurídico consta, a su vez, de dos frentes, como explica el secretario general adjunto de PJ, Juan Carlos Caldera. En primer lugar, están los recursos de nulidad interpuestos ante la Sala Constitucional contra el artículo 105 de la Ley Orgánica de Contraloría, que da la potestad al Contralor para inhabilitar a los funcionarios que hayan incurrido en irregularidades administrativas. Hasta el momento, este recurso se encuentra, en palabras de Caldera, 'durmiendo el sueño de los justos' pues aún no hay sentencia firme de la sala al respecto.
No así el otro frente, en el que los inhabilitados acuden a la Sala Político-Administrativa para solicitar la nulidad de la resolución emanada de Contraloría. Según explica el dirigente de PJ, esta acción debe ser ejercida de manera individual, ya que las razones que motivan cada inhabilitación, e incluso los términos de cada resolución, varían en cada caso.
Sin embargo, Caldera denuncia que también estos recursos sufren actualmente retardos procesales sin justificación. 'Muchos de los casos ya están listos para sentencia, pero la Sala Político-Administrativa retrasa los lapsos'.
A estos retardos se suma la falta de medidas temporales mientras se llevan a cabo los juicios. Según explicó Caldera, algunos de los inhabilitados han solicitado la suspensión de la resolución mientras se lleva a cabo el juicio, pero la petición ha sido negada por la máxima instancia judicial. 'La última de estas medidas la solicitó William Méndez, candidato a la Gobernación del Táchira' agrega.
A DECOS Y PRAGMÁTICOS
Por su parte, la postura más criticada por el resto de los sectores de oposición sigue siendo la que AD ha planteado desde el inicio del problema y que en las últimas semanas ha defendido más fervientemente: postular a candidatos sobre los que no pesen inhabilitaciones.
La primera muestra de sus intenciones fue el apoyo a la candidatura del presidente de Alianza Bravo Pueblo (ABP), Antonio Ledesma, para la Alcaldía Metropolitana. La decisión despertó rechazo y agrias críticas de dirigentes tanto de UNT como de PJ, que calificaron de 'mezquina' la actuación de la tolda blanca.
Actualmente, han decidido aplicar esta decisión dentro de su propio partido. Según anunció el lunes el presidente de AD, Víctor Bolívar, los precandidatos adecos sobre los que pesa la inhabilitación deben aclarar su situación antes de junio, so riesgo de 'dar paso a compañeros que sí puedan postularse'.
A PELANDO AL PASADO
Finalmente, el otrora oficialista partido Podemos, ha defendido de manera activa el derecho de los inhabilitados. Además de emplear los argumentos de PJ y de UNT respecto a la inconstitucionalidad del artículo 105 –pues alegan que la única inhabilitación política posible proviene de una sentencia judicial definitivamente firme–, el partido de Ismael García asegura que el CNE está en la obligación de aceptar la postulación de candidatos inhabilitados como lo ha hecho con anterioridad.
En efecto, a principios de mayo, García sostuvo una reunión con la rectora del ente electoral, Tibisay Lucena, en la que denunció que el diputado Régulo Hernández fue electo y ha ejercido funciones pese a estar inhabilitado por la Contraloría, como consta en la Gaceta Oficial Nº 5732 del 2 de agosto de 2004.
Aunque Hernández intentó defenderse de la acusación, contraatacando incluso a García, el ente electoral no ha desmentido el hecho. Por el contrario, tras el caso de Hernández se conoció de otros funcionarios y ex funcionarios que han optado a cargos pese a encontrarse inhabilitados, como la diputada Jenny Cedeño y el legislador mirandino Glen Rivas.
En respuesta, el ente comicial se limita a remitirle el caso al TSJ, que continúa sin pronunciarse sobre el tema, mientras el tiempo sigue pasando REGRESAR |
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