El contralor general, Clodosbaldo Russián, anunció ayer, durante una actividad en el núcleo endógeno Fabricio Ojeda, que aprobó nuevas inhabilitaciones por faltas administrativas, a razón de uso indebido de los recursos y el patrimonio público.
El contralor deberá entregar en los próximos días al Consejo Nacional Electoral la lista depurada de los funcionarios inhabilitados, porque más de 200 ya cumplieron con la sanción, y los casos aprobados recientemente.
Reiteró que las inhabilitaciones que ha hecho el órgano de control no son de naturaleza política.
Para el representante del Poder Ciudadano, la Contraloría posee facultades mediante la vía administrativa 'y las inhabilitaciones nuestras son por este concepto y afectan solamente el derecho a desempeñar cargos públicos, porque no manejaron bien los recursos que les habían sido entregados para que los gerenciaran con el cuidado de un buen padre de familia', resaltó.
Russián ha reconocido en declaraciones anteriores que la inhabilitación del ámbito administrativo obligatoriamente tiene, en estos momentos, un efecto circunstancial sobre el proceso electoral.
Su argumento es que si un funcionario inhabilitado no puede desempeñar cargos públicos sería fraudulento que se postule en unas elecciones, aun cuando las mismas fueron impuestas desde hace un año, o dos, o tres, o cuatro, o cinco; no obstante, por los recursos interpuestos por los afectados, su ejecución se demoró y algunos, por estar desempeñando cargo de elección popular no se han iniciado, a la espera que culminen el período para el cual fueron electos, en virtud de la sentencia dictada en marzo del año 2005 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, decisión que también establece claramente la prohibición a esas personas de reelegirse.
A juicio del contralor, los funcionarios que desempeñan cargos de elección popular no gozan de 'impunidad', y se les aplica la Ley por igual.
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