La contralora del estado Miranda, Claudia Gómez Pico, en rueda de prensa, informó que las inhabilitaciones a las que están sujetos actualmente personajes de la vida política de la región no responden a medidas políticas, sino técnicas.
A su juicio, 'las inhabilitaciones son penas accesorias, pues el castigo principal es el establecimiento de responsabilidades administrativas por no manejar de forma adecuada los recursos del Estado'.
Gómez explicó que antes de inhabilitar a un funcionario público, las direcciones de Control Administrativo Central y Descentralizado remiten un informe preliminar al despacho del investigado, sobre las irregularidades halladas en su gestión.
Posteriormente, el caso pasa a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, se le da un plazo de 15 días al afectado, a fin de que presente pruebas que demuestren lo contrario a la acusación para poder llevarlo a un juicio oral y público.
Es a partir de ese momento cuando se declaran las responsabilidades administrativas, se absuelve o se sobresee la causa, explicó Gómez Pico. En caso de que se establezcan responsabilidades se impone la multa y el contralor de la República procede a la suspensión del cargo, destitución o inhabilitación.
En Miranda, hasta la fecha, hay 61 funcionarios públicos inhabilitados, entre ellos una trabajadora de la Contraloría que fue suspendida de su cargo. En cuanto a los nombres de los afectados y las causas de las 61 inhabilitaciones, Gómez Pico dijo no tener la información disponible.
La contralora agregó que la inhabilitación no es una figura nueva, pues existe desde 1984 en la Ley de la Contraloría General de la República.
Acotó que antes la pena no se aplicaba de forma adecuada, y por ello la medida ha causado tanto revuelo.
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