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El presidente Hugo Chávez fue el primero en apoyar al contralor general, Clodosbaldo Russián. Ahora se le unió la Asamblea Nacional a 48 horas del discurso del mandatario en Carabobo. El Parlamento aprobó -por 'mayoría evidente' y con el rechazo de Podemos- respaldar las inhabilitaciones de 368 aspirantes a las elecciones regionales de noviembre bajo el argumento de que ellos cometieron un delito, y aseguró que no se trata de una persecución política.
El debate parlamentario fue iniciado por el diputado Carlos Escarrá quien -después de asegurar que las medidas administrativas eran constitucionales y avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia- fustigó a los sancionados: 'Son ladrones, son corruptos, agarraron dinero del patrimonio público y tienen que ser sancionados por el Estado'.
Alegó que todos tuvieron derecho a la defensa; que la Contraloría -así como el Seniat y las alcaldías establecen multas- está facultada para aplicar las inhabilitaciones, y que el TSJ dictó tres sentencias que sustentan esa tesis. 'Pero pretenden contar con un manto de impunidad. Los privilegios fueron acabados por la República, pero los amos del valle, enquistados en la industria petrolera, creen que son impunes y no pueden ser objeto de juicio', dijo en referencia a los alcaldes de Chacao y Baruta, Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski, respectivamente.
'Se demostró que eran culpables. ¿Qué pasó? La inhabilitación no podía prosperar porque están en ejercicio de sus funciones. Tendrán 15 años de inhabilitación, así que ni los podremos contratar como conserjes de ningún organismo público'.
Escarrá propuso hacer una misión Robinson para los abogados de la oposición a quienes acusó de manipular y tergiversar las leyes: 'No se les impiden sus derechos políticos; ellos los patearon'.
El diputado Ismael García refutó a Escarrá: 'No creo que Maripili Hernández sea una ladrona. Puede que haya cometido un error'. Después argumentó que no hubo daño patrimonial y que, por ejemplo, Régulo Hernández pudo postularse al Parlamento luego que el TSJ decidiera a su favor: 'La Constitución pesa sobre la Ley de Contraloría y la inhabilitación procede si hay una sentencia firme. Si son ladrones ¿por qué no están presos? Podemos reclama el derecho a elegir y a ser elegidos garantizados en la Constitución'.
Anunció que este fin de semana denunciará el caso ante la Internacional Socialista y pidió que se le permitiera a los señalados ejercer una réplica.
La presidenta del Parlamento, Cilia Flores, negó la petición, pues indicó que podían acudir al TSJ.
Leyó el acta de una sesión de la Asamblea Nacional efectuada el 9 de octubre de 2001 en la que se registra que AD, Copei, MAS, ABP, Podemos y Proyecto Venezuela aprobaron por unanimidad el artículo 105 de la Ley de Contraloría en el que se establecen las inhabilitaciones. REGRESAR |
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