Nueve clientes del abogado y actual diputado Carlos Escarrá están molestos y amenazan con demandarlo, sostienen que lo contrataron en el 2003 para que los representara contras las inhabilitaciones dictadas en su contra por la Contraloría General de la República y ahora el parlamentario defiende con intensidad esas medidas.
Los clientes -que muestran su disgusto a través de una carta pública- son los ex legisladores del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui, que están inhabilitados para el ejercicio de cargo público por tres años contados a partir de 2006.
Harold Padilla, uno de los afectados, señala que en 2003 contrataron los servicios de Escarrá, quien aún no era diputado. El abogado -comenta Padilla- los convenció de que el artículo 105 de la Ley de Contraloría era inconstitucional y ejerció acciones en ese sentido.
Ese artículo es la piedra angular en la que se justifica las inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público.
'Para nuestra sorpresa ahora señala a todos los inhabilitados como ladrones, y nosotros nos preguntamos cómo es eso, si él aún tiene un poder nuestro para que nos represente en nuestro caso', señaló Padilla.
Las acusaciones
Rafael Vásquez , Jesús Antonio Díaz, Ramón Celestino Martínez, Orlando Álvarez Orta, Adelmo Rondón Martínez, Álvaro Díaz García, Francisco Guacarán, Rafael Pérez Anzola y el propio Harold Padilla conforman el grupo de ex legisladores que se sienten burlados por la acción del parlamentario y que firman la carta pública.
Cuestionan que en un debate en el Parlamento, propuesto por Escarrá, los calificó de 'ladrones y choros del patrimonio publico', 'sin juicio previo, sin presunción de inocencia, sin proceso penal, sin sentencia, sin condena, sin podernos defender en la propia Asamblea donde 'heroicamente' nos atacó, sin el más mínimo equilibrio, sin la sabia prudencia, sin honrar los honorarios exigidos y cumplidos por nuestra parte y sin memoria ni un milisegundo de su obligadora condición de apoderado nuestro'.
Según Padilla, Escarrá cobró por la representación de los ex legisladores seis mil bolívares fuertes a cada uno. En total unos 54 mil bolívares fuertes que fueron depositados en la cuenta de la Fundación Centro de Estudios Administrativos (CEA), que supuestamente funciona en la misma sede del bufete del abogado.
Recuerda la misiva que el artículo 251 del Código Penal castiga con prisión de hasta 45 meses y suspensión del ejercicio de la profesión, al mandatario, abogado, procurador o consejero, que perjudique por colusión con la parte contraria la causa que se le haya confiado o que en una misma causa sirva -al propio tiempo- a partes de interés opuesto
Al respecto se intentó conocer ayer la opinión del diputado Carlos Escarrá, pero fue imposible comunicarse con él. RT REGRESAR |
