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El diputado Carlos Escarrá admite que la oposición ha logrado posicionar en la calle la sensación de que los políticos a los que les fueron impuestas inhabilitaciones, por parte del contralor Clodosbaldo Russián, son víctimas de persecución política desde el Estado o el Gobierno.
Para el también vicepresidente regional del Psuv el tema es como refiere, pues comenta que le han preguntado `por qué no los dejan lanzarse' (a los afectados por la medida de la CGR). No obstante, el diputado asegura que tanto Leopoldo López como Enrique Mendoza, están pagando por los hechos ilícitos que cometieron.
'Estas personas inhabilitadas que están lanzándose, todos y cada uno de ellos son delincuentes. Cometieron graves irregularidades contra el patrimonio público. Las inhabilitaciones tienen dos, tres y hasta cuatro años y quieren crear un ambiente de víctimas para que venga alguien y le levante las inhabilitaciones y explotar ellos esa situación', sostuvo en entrevista concedida a Últimas Noticias, en su oficina de la comisión de Política Exterior del Parlamento.
Ante la interrogante de por qué esas personas no están presas, que surge de su afirmación de que son delincuentes probados, Escarrá, de manera pausada, expresó 'esa pregunta me la hago yo también'.
'En Venezuela, no sé por qué razón, no hemos sancionado a nadie, la impunidad ha sido una de las cosas que nos puede comer. Ni por el golpe de Estado, paro petrolero, ni siquiera por el caso de Danilo (Anderson). Es responsabilidad del Ministerio Público, que ejerce el monopolio de la acción legal.
El caso de López es que en el año 97 y 98 su mamá, funcionaria pública de Pdvsa al igual que él, le transfiere Bs. 60 millones, lo cual constituye no tan sólo irregularidad administrativa sino un ilícito penal.
(El ex concejal) Carlos Herrera señala que se ha dirigido no sé cuántas veces al Ministerio Púbico y no han querido acelerar este procedimiento'.
El abogado aseguró que el principio constitucional de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario ya no aplica, porque a los inhabilitados se les han demostrado los ilícitos en las auditorías de la CGR.
'Vamos al artículo 49 de la Constitución. `El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas'. Ahí está el numeral segundo, presunción de inocencia. Es tanto en un proceso judicial como en uno administrativo... Una condena puede ser administrativa o judicial...
La inhabilitación es una sanción administrativa', dijo.
Rechazó el argumento de los afectados que citan el artículo 42 de la Constitución: 'Quien pierde o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de algunos de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme'.
'Eso está dentro de la sección segunda. Obedece al título III, de los Ddhh y las Garantías y Deberes. Por supuesto, al perder la nacionalidad eso conlleva pérdida de algunos derechos políticos', aclaró.
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| Fecha publicada: 07/07/2008
Fuente: Últimas Noticias
Tema: politica
Tags: Inhabilitados políticos
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