'El abogado que ha aceptado prestar su patrocinio a una parte, no puede, en el mismo asunto, encargarse de la representación de la otra parte ni prestarle sus servicios en dicho asunto, aun cuando ya no represente a la contraria', así lo indica el artículo 30 del Código de Ética del Abogado, y es uno de los argumentos de un grupo de clientes del diputado Carlos Escarrá que amenaza con denunciar su desempeño.
Harold Padilla, ex legislador del estado Anzoátegui, expresó su disgusto por el discurso de Escarrá en la Asamblea Nacional cuando se refirió a los inhabilitados por la Contraloría a quienes tildó de ladrones y corruptos.
La molestia de Padilla y de otros ocho antiguos legisladores del estado oriental se debe a que en el año 2204 contrataron a Escarrá cuando se desempeñaba como abogado para que los defendiera de las inminentes sanciones que recaerían sobre ellos por parte de la Contraloría. Ahora le piden que renuncie públicamente a la causa.
'Nos cobró un dinera l y ahora nos tolda de ladrones, choros y corruptos', se quejó Padilla.
Recordó que en 2004 el contralor Clodosbaldo Russián los sancionó con multa e inhabilitación mientras ejercían sus cargos en el Consejo Legislativo de Anzoátegui, y por eso acudieron al Tribunal Supremo de Justicia con la representación de Escarrá.
'Escarrá fue quien nos convenció a nosotros de ir al TSJ.
Nos dijo que teníamos que insistir con la nulidad del artículo 105, y nosotros le pagamos por eso y ahora nos viene a insultar como si no fuera nuestro abogado', insistió Padilla.
Aclaró que el diputado del PSUV tiene un poder que lo autoriza para actuar en su nombre y el de Rafael Vásquez, Jesús Día z, Ra món Martínez, Orlando Álvarez, Pedro Cont reras, Adelmo Rondón, Álvaro Díaz García, Francisco Guacarán y Rafael Pérez Anzola.
Hizo un llamado para que renuncie públicamente: 'Le pedimos que renuncie al poder que le otorgamos, que no nos ponga a pasar por la actitud penosa de tener que revocárselo, si no lo hace le vamos a revocar el nombramiento como nuestro abogado'.
Señaló que no descartan acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar la aplicación del Código Penal en contra del legislador de la Asamblea Nacional. REGRESAR |
