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El decreto con rango, valor y fuerza de ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista es un atajo para implantar el diseño curricular del sistema educativo, o currículo bolivariano, dentro de la intención gubernamental de imponer el socialismo en el país.
El nuevo Inces, de acuerdo con expertos, es el experimento piloto del Gobierno para imponer el currículo bolivariano que fue rechazado, en el que el papel de los padres en la educación de los hijos pasaba a un segundo plano. La formación desde el preescolar quedaba totalmente en manos del Estado.
Alfredo Padilla, abogado laboralista y representante del Instituto Nacional de Estudios Sindicales, destacó que la puesta en vigencia de la Ley del Inces, de manera unilateral por parte del presidente Hugo Chávez, 'no deja dudas de la intención de imponer un sistema educativo nacional de corte socialista'. Afirmó que se antepone el adoctrinamiento ideológico a la formación laboral.
La legislación -publicada en Gaceta Oficial número 38958 del 23 de junio pasadofue aprobada vía Ley Habilitante sin el debate en la Asamblea Nacional ni la consulta con los empleadores y los trabajadores, contribuyentes financieros del Inces.
Tanto el currículo bolivariano -cuya discusión pospuso el Gobierno para 2009- como la Ley del Inces invocan las profundas transformaciones orientadas a la consolidación de una nueva sociedad que supere los valores del sistema capitalista.
El texto del diseño curricular del sistema educativo no contiene las palabras socialismo o revolucionario. Sin embargo, la legislación Inces es explícita. El tercer párrafo de la Exposición de Motivos señala: '...surge la necesidad de transformar el Instituto de Cooperación Educativa a objeto de posicionar a la institución de los principios ideológicos del Socialismo y acompañar el proceso en la construcción del socialismo bolivariano...'.
Las sedes de capacitación del anterior INCE son ahora centros de formación socialista, que operarán como el espacio de construcción socialista 'básicamente en el proceso de educación, formación y capacitación integral y de articulación con las misiones bolivarianas'.
La ley hace extensiva la posibilidad de participar en las actividades del Inces a todas las personas, con especial atención a las carentes de instrucción profesional, con necesidades educativas especiales, con penas privativas y restrictivas de la libertad, y los pueblos y comunidades indígenas.
'Es sumamente delicado el artículo quinto sobre los aprendices, referido a los adolescentes de entre 14 años y 17 años, edades de mayor susceptibilidad para ser ideologizados', indicó Pablo Castro, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Padilla comparte la opinión de Castro. Expresó que el mejor caldo de cultivo ideológico son los más de 300.000 jóvenes de entre 15 años y 25 años de edad que buscan trabajo por primera vez cada año. 'Muchos de ellos no tienen la capacitación que requiere la mano de obra calificada, como consecuencia de la alta deserción escolar ', dijo.
Ambos expertos coinciden en que es difícil conocer los alcances del organismo en los últimos 7 años porque no hay estadísticas consolidadas. El informe Desafío INCE 2001 revela que entre 1999 y el primer semestre de 2001 egresaron 757.651 trabajadores, formados en los sectores agrícola (11%), industrial (28%) y comercio y servicios (61%).
Supremacía estatal.
La directiva del INCE la integraban 17 representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores. El consejo directivo del actual Inces, de 5 miembros, es designado por el ministro de Economía Comunal, previa consulta con el Presidente de la República.
Castro destacó que la ley sólo menciona a los patronos y los trabajadores en los aportes económicos obligatorios para sufragar los gastos del Inces.
La contribución de las empresas y trabajadores es de 2% del equivalente del salario normal mensual, además 0,5% de las utilidades anuales, aguinaldos o bonificaciones.
Otra opinión expuso Oswaldo Vera, diputado de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional.
Argumentó que el Estado es el responsable de la formación y capacitación de los trabajadores dentro del nuevo modelo productivo de inclusión social.
Aclaró que los participantes pueden escoger el oficio que más les convenga complementado con la formación sociopolítica en los centros del Inces y en los establecimientos privados de adiestramiento profesional y técnico que certifica el instituto.
'Ser socialista o no es una decisión voluntaria del participante', aseguró el parlamentario, que defiende la visión de conciencia colectiva para superar los seudovalores del capitalismo contenida en el texto legal. REGRESAR |
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