| Hay decenas de expedientes en la Sala Político Administrativa, donde se han impugnado las resoluciones de Russián; así como en la Sala Constitucional, donde se ha solicitado la nulidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual fundamenta las sanciones aplicadas a unos 400 funcionarios públicos. Los abogados de los demandantes tienen la certeza de que la Sala Político Administrativa se limitará a confirmar la facultad del contralor para inhabilitar a quienes considerare incursos en irregularidades en la administración de fondos públicos. De modo, comentó José Rafael Prado, asesor de Enrique Mendoza, que la resolución de la controversia está en manos de la Sala Constitucional, al verificar o descartar que el artículo 105 viola preceptos constitucionales, como el derecho al debido proceso, así como a elegir y ser elegido. En la Sala Constitucional hay 16 expedientes sobre las inhabilitaciones. El más abultado corresponde a la demanda ejercida el 4 de abril de 2006 por Nidia Gutiérrez de Atencio, alcaldesa de La Cañada de Urdaneta, del estado Zulia. Ocho posteriores impugnaciones del artículo 105 se han acumulado a la causa de Gutiérrez de Atencio. En teoría, la acumulación consiste en la unificación de causas que guarden relación entre sí, en procura de celeridad procesal y para evitar sentencias contradictorias. Pero, en la práctica, el derecho a defenderse se ha revertido en contra de todos. Por ejemplo, el 8 de agosto, la Sala Constitucional admitió la demanda de nulidad del artículo 105 interpuesta el 30 de abril por María Trinidad Ramírez de Egaña. También se acordó su acumulación a la causa de Gutiérrez de Atencio, lo cual implica la paralización de los trámites correspondientes a ocho causas por el surgimiento de una novena; hasta tanto, todas se encuentren en el mismo estado procesal. Es como empezar de nuevo; como si el que hubiera impugnado hace tres años lo hubiese hecho hace tres meses. REGRESAR |
