La jornada de inscripciones en el colegio Tirso de Molina de San Bernardino se interrumpió en forma breve, ayer, debido a la visita de una comisión del Instituto para la Defensa y Educación al Consumidor y Usuario (Indecu).
Los funcionarios acudieron a la institución luego de que cuatro representantes denunciaran que se aumentó 20% la matricula, en lugar de 15%.
En el lugar se encontraban también otros padres y docentes del plantel quienes afirmaron que el incremento fue aprobado por mayoría en asamblea general hace casi dos meses.
Pedro Rivas, presidente de la sociedad de padres, dijo al salir de la reunión con el Indecu, que el organismo citó a la directiva del colegio para que explique cómo se autorizó el nuevo costo de la matrícula.
Ni los funcionarios del Indecu, ni Marcos Sánchez, director del plantel, ofrecieron declaraciones sobre el procedimiento y lo que expresa el acta que levantaron ayer.
Yolanda de Ramos, maestra y representante del Tirso de Molina, dijo que los denunciantes participaron de las asambleas y nunca manifestaron objeciones o críticas al monto acordado.
'Llegaron hoy, amenazando que si algo le pasaba a sus niños sería culpa del colegio. Aquí trabajamos con mística, ese no es el espíritu de las medidas que se toman, no se hace como represalia', comentó.
Dave Villarroel, profesor de Sociología, indicó que la ma- trícula mensual es de BsF 155 y hay un total de 800 alumnos y 72 profesores.
'El colegio tiene un planta física de 8 mil metros cuadrados que requiere mantenimiento. Los docentes no hemos recibido los aumentos de sueldo a tiempo, porque no hay cómo cancelarlos', afirmó el docente.
Otro caso
El Indecu ha visitado otros colegios en las últimas semanas. Tal fue el caso del Centro de Educación Inicial Nuestra Señora del Milagro (Ceimi) cuyos representantes enviaron una carta a El Universal para explicar que fueron atropellados.
'No aprobamos que el Indecu ingrese a la institución que atiende a niños entre los 4 meses y 6 años de edad, custodiados por funcionarios de la Guardia Nacional, generando esto un ambiente intimidatorio, irrespetuoso de atropello y de peligro, no sólo para la directora, sino también para nuestros menores hijos (...)'. dice una parte de la carta.
Los firmantes de la misiva insisten en recordar que está prohibido el ingreso de personas armadas a recintos educativos, según una resolución del Ministerio de Educación.
Los representantes exigen que las autoridades atiendan su denuncia y giren las instrucciones para que sancionen a los funcionarios del Indecu y la Guardia Nacional y apliquen los correctivos necesarios.
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