No se necesita la sentencia firme de un tribunal para inhabilitar a un funcionario público, ya que se trata de una sanción administrativa y no de una sanción penal que implicaría la pérdida de los derechos políticos. Además estas personas han tenido la oportunidad de defenderse.
Estas palabras fueron ofrecidas por Clodosbaldo Russián, contralor general de la República, en la transmisión de un programa en Venezolana de Televisión, la mañana de ayer viernes. Allí aprovechó para explicar lo que ha ocurrido con las inhabilitaciones a quienes pretenden postularse a alcaldes y gobernadores.
Dijo que se han hecho juicios en sedes administrativas porque de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana, se pueden imponer en este país sanciones penales, civiles y administrativas independientes de una de las otras y por ello la Contraloría ha sido clara en denunciar las irregularidades administrativas.
Informó que hay personas que les llevó dos años demostrar su inocencia y no lo lograron teniendo como consecuencia el resultado de su culpabilidad. Russián manifestó que él debe ser cuidadoso en eso de las inhabilitaciones, al debido proceso y el derecho a la defensa, porque él fue 'víctima de la inhabilitación, yo no tuve derecho a que eso se me permitiera'. Durante la entrevista en el Canal del Estado, recordó que en nuestro país, sólo a un grupo de venezolanos que se les ha inhabilitado por motivos políticos, esto ocurrió en el juicio del 14 al 17 de noviembre de 1962, hecho a 76 venezolanos, entre ellos Fabricio Ojeda, Edgar Mirabal y Clodosbaldo Russián, 'fuimos víctimas y no se nos permitió el tener acceso al debido proceso'. Y por ese motivo, 'no vengan con que a estas alturas de mi vida, yo voy a estar manipulando informaciones para sancionar... con insultos, ataques y amenazas hacia mí no van a llegar a nada, no van a ganar nada'.
POSTURA DEL TSJ
El actual juzgado por muchos políticos y sociedad civil, confía en que el Tribunal Supremo de Justicia lo respalde y apoye en sus acciones, ya que existen 'tres sentencias novísimas del año 2008 y en todas se señala la facultad que tiene el contralor para aplicar las medidas inhabilitatorias a los funcionarios públicos que desempeñan cargos de elección popular, eso nos dice que estamos aplicando como debe ser el mandato constitucional y legal, por consecuencia las inhabilitaciones se mantendrán'.
En cuanto a la ponencia del magistrado Pedro Rondón Haaz, y su opinión difundida, dijo que el magistrado tiene todo el derecho de decir lo que considera conveniente, y cada quien tiene visiones distintas. Agregó que Rondón Haaz, se refiere a las inhabilitaciones penales y eso implica que no sólo pueden ser electos, es que no pueden elegir, no pueden casarse, no pueden heredar, no pueden nada, es decir, las personas pierden todos su derechos. Mientras que a lo que denuncia él (Clodosbaldo Russian), tienen todos sus derechos, excepto ejercer cargos públicos por elección popular ni siquiera por los cargos nombrados por el presidente de la República.
CONTRALORES
APOYAN A RUSSIÁN
Por su parte Omaira León, contralora del estado Táchira, apoyó a Clodosbaldo Russián en el papel tomado ante las sanciones administrativas de todos aquellos que optaron a un cargo político. Criticó que muchos digan que el artículo 105 de la Ley de Contraloría es inconstitucional, porque suspende a políticos.
La vocera calificó que el contralor lo único que ha hecho es sancionar a aquellos que han defraudado al pueblo. Recordó que en 1999 se le dio rango constitucional a 4 órganos de control fiscal, entre ellos la Contraloría General de la República, la Contraloría de los Estados, Contraloría Municipales y Contraloría de las Fuerzas Armadas Venezolanas.
Finalmente anunció a través de los medios de comunicación que antes de que se crearan estos rangos, el pueblo estaba cansado de tanta corrupción y a través de este ahora los políticos no volverán a ejecutar acciones ilegales.
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