El Ejecutivo nacional no está obligado a consultar las leyes que sancione en el marco de una Habilitante, al menos así lo afirmó el coordinador de Legislación de la Procuraduría General, Asdrúbal Blanco, en entrevista con Últimas Noticias.
'Para los actos de decretos con valor y rango de ley, en ejecución de una Ley Habilitante, no resultan aplicables ni exigibles los mismos trámites que integran dicho proceso ordinario de discusión-aprobación normativa en la Asamblea Nacional, porque en ese momento es una atribución delegada.
El proceso de formación y consulta es un proceso muy engorroso que dura mucho tiempo', detalló.
Aún así, señaló que en los 18 meses que duró la Habilitante, y en los cuales se aprobaron 66 leyes, los ministros realizaron las consultas 'conforme iban avanzando las discusiones con algunos sectores (...) Entonces existen sectores que fueron consultados a pesar de no existir la obligación del Ejecutivo de consultarlos'.
Bolivarianas. La Procuraduría participó y analizó las leyes sancionadas mediante la habilitación, y comprobó que 'todas están ajustadas al texto constitucional' de 1999.
Entre ellas, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual, según Blanco (abogado integrante del Gabinete Habilitante), está basada en el preámbulo y en el artículo 1 de la Carta Magna que establecen que la República se fundamenta en los idearios de Simón Bolívar.
'Como vemos todas nuestras instituciones son bolivarianas, y en ese sentido la FAN se constituye en una Fuerza Bolivariana', dijo.
Sobre la creación de las milicias, explicó que ya en el III Convenio de Ginebra suscrito por Venezuela están previstas, y añadió además que los cambios en el instrumento legal 'son conceptuales a los fines de adaptarlos a la nueva Constitución bolivariana en todo lo que se refiere a la cooperación y corresponsabilidad que debe existir entre la sociedad civil y la FAN'.
Por otra parte, Blanco niega que las propuestas hechas para la reforma constitucional de 2007 formen parte de las leyes aprobadas el 31 de julio.
Sobre la creación de las autoridades regionales, previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública, el abogado explicó que estas personas no sustituirán a los gobernadores ni a los alcaldes.
'Lo que se busca es una armonía y un acercamiento del Poder Nacional y que no sea que un gobernador quiera venir todas las semanas a hablar con el Presidente o con el ministro de Finanzas. Tenemos un designado en cada una de las regiones que puede coordinar esas acciones', explicó.
Saludó que la oposición acuda al TSJ a demandar la nulidad de las leyes, aunque lamentó que hasta ahora no haya escuchado ni un sólo argumento jurídico.
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