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El gobierno fracasó hoy al reclamar la renuncia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur), la diputada del partido Nacional uruguayo Adriana Peña, a quien acusa de presunta injerencia en asuntos internos venezolanos.
Peña y la diputada paraguaya Mirta Palacio, vicepresidenta de la comisión, llevaron a cabo este mes, 'a título de legisladoras', gestiones en Caracas para tomar conocimiento de las razones por las cuales organismos estatales venezolanos, proscribieron a 272 dirigentes políticos que no podrán intervenir en elecciones de noviembre.
Peña dijo que 'fuimos a escuchar a las partes' en disputa, los inhabilitados y autoridades, pero 'estos últimos no nos pudieron recibir' y por eso 'no abrimos opinión' sobre la situación.
El tema fue presentado el martes en la reunión del Parlasur, donde la delegación venezolana encabezada por el diputado socialista Saúl Ortega reclamó la renuncia de Peña como presidenta de la Comisión. La moción no fue acompañada.
En la jornada fue presentado el caso de Leopoldo López, alcalde del municipio caraqueño de Chicao, quien en nombre de los 272 inhabilitados - bajo distintas acusaciones, incluyendo presunta corrupción - presentó su alegato ante la Comisión de Derechos Humanos.
López dijo a la AP que 'por lo menos, tuvimos la oportunidad de explicar nuestro caso. Dentro de la complejidad es bastante sencillo, porque tanto nuestra Constitución como la Convención Americana de Derechos Humanos son demasiado claras; dice que si no hay una sentencia judicial penal firme no hay manera de sacar una persona de la contienda electoral. Y eso es lo que ocurrió en nuestro país'.
López informó que las acusaciones se referían al pago de los maestros, los bomberos y el alumbrado público y un proyecto de hace más de 10 años que tiene que ver con la solución de conflictos en las escuelas más pobres del oriente del país.
Peña, por su lado, ratificó sus decisiones sobre la ida a Caracas, como 'diputada y no en nombre de nadie', pero afirmó que no pudo llegar a conclusiones en el terreno por no poder reunirse con las autoridades.
Ortega y otros legisladores venezolanos oficialistas, en cambio, mantienen sus acusaciones y la legitimidad de las acciones inhabilitantes.
La Comisión del Parlasur se compone de 10 miembros -dos por país- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que tienen voz y voto y Venezuela que tiene voz pero no voto, porque está en proceso de adhesión al Mercosur.
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