Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco Neri, la reforma a la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat lesiona el derecho a la propiedad privada porque 'el Estado es el dueño de lo nuestro y nosotros sólo podemos usarlo'.
La afirmación la hizo en el marco del seminario 'Impacto de las leyes habilitadas', organizado por Veneconomía, donde además señaló que los cambios expresados en ese instrumento legal eliminan los atributos de uso, goce y disposición de la propiedad privada que están determinados en la Constitución Nacional.
'Ahora toda Venezuela está declarada de utilidad pública, tanto las tierras públicas como privadas, como todos los eslabones de la cadena de construcción de viviendas', indicó.
Neri explicó que, ante la prohibición a los gobiernos regionales de emitir los títulos de propiedad, ahora el Ministerio de Vivienda asume por entero esa potestad. Esto implica que será este ente el que determine la regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos humanos populares, a través de la entrega de derechos y títulos de adjudicación, no de propiedad sobre el lugar en el que un ciudadano habita.
'El derecho a la propiedad privada, más que en entredicho, queda eliminado', dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
Con ese tipo de documentos sobre las tierras Neri considera improbable que a un habitante de las zonas populares se le reconozcan sus derechos sobre las bienhechurías porque en la Ley del Régimen Prestacional de Viviendas no queda determinado el tipo de derecho que tiene esa persona sobre el lugar en el que habita, pues en la normativa no se hace mención al derecho a la propiedad privada.
A su juicio, esta situación afectará la posibilidad de que la población pueda, por medio de la obtención de un préstamo hipotecario, mejorar su nivel de vida. Aseguró que los bancos no consideran que un título de adjudicación sea garantía suficiente para entregar un crédito de este tipo.
Pero, además, el máximo representante del gremio inmobiliario detalló que el instrumento legal es centralista, discrecional y sancionatorio.
Ya en un comunicado de prensa la Cámara Inmobiliaria de Venezuela manifestó que las sanciones que se prevén en la normativa implicarán un desestímulo a la inversión privada.
'Contemplan sanciones muy severas e intimidantes que van a significar un desestímulo a la inversión en vivienda y a la productividad', dijo Neri, quien agregó que este panorama agravará el déficit habitacional que actualmente existe.
Pero en lo que respecta al arrendamiento de inmuebles, el gremio inmobiliario considera que la regulación de los alquileres y la total competencia en esta materia al Ministerio de Vivienda y Hábitat se hará bajo un esquema informal que implicará la determinación de resoluciones ministeriales que ordenarán el mercado en este aspecto. Neri destacó que lo que hace falta es un marco legal definido para lograr la tranquilidad en el sector.
'Se acaba también con la inversión privada un inmuebles individuales en propiedad horizontal para su arrendamiento, ya que la rentabilidad será fijada por el Ministerio', señala el comunicado de prensa.
Uno de los cambios a la normativa implican la posibilidad de que se cubra 100% del financiamiento para la adquisición de viviendas. Para Neri, serán aquellas personas que cuentan con un mayor nivel salarial quienes podrán acceder a este nivel de financiamiento, mientras que las personas que menos devengan tendrán un acceso más restringido.
Pero también le preocupa que con este esquema de financiamiento al 100% los beneficiarios deberán pagar más de 20% de sus ingresos mensuales, lo que supera el tope recomendado para comprometer en deudas. REGRESAR |
