Francisco Neri Plazola, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), aseguró que el decreto del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH), aprobado por el Presidente Hugo Chávez, vía Habilitante, es centralista, intervencionista, sancionatorio, y sobre todo debilita el derecho a la propiedad privada.Agregó en una nota de prensa que la ley aumenta la brecha de la inseguridad jurídica, desestimula la productividad y deja a la discrecionalidad de los funcionarios públicos las decisiones sobre la aplicación de la referida legislación. Expresó que la ley de Vivienda y Hábitat contribuye a profundizar la crisis existente en el país y que hoy exige la producción concertada, rápida y masiva de viviendas, puesto que su carácter centralista le otorga al Estado todo el poder para regular e intervenir cada una de las fases del ciclo de la vivienda. La legislación 'inoportuna para las exigencias de la población', incrementará la incertidumbre y los escollos presentes en la construcción de viviendas, lo que restringe las soluciones de los problemas habitacionales 'en detrimento de las familias que aspiran un techo propio. 'El derecho a la propiedad privada, que ha venido disminuyendo progresivamente, no fue mencionado en la exposición de motivos del Decreto, como tampoco el artículo 115 que lo consagra en la Constitución, referido al derecho de propiedad con sus atributos clásicos de uso, goce y disposición. Ahora, toda Venezuela está declarada de utilidad pública, tanto las tierras públicas y privadas, como todos los eslabones de la cadena de construcción de viviendas. El Ministerio tendrá potestad sobre ellas en la regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos humanos populares, y competencia para entregar derechos y títulos de adjudicación'. Competencia estatal Los planes urbanísticos a escala nacional que se deseen desarrollar deben ser notificados al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, el cual decidirá el número de unidades a construir en un área determinada, según lo establece la normativa. Esto -a juicio del titular de la CIV- limita el arbitraje de los municipios, alcaldías y gobernaciones en materia de vivienda, 'porque las decisiones en el sector estarán sujetas a las directrices del Ministerio de la Vivienda y Hábitat'. Criticó la discrecionalidad en diversos aspectos sobre el tema asignada por LRPVH a los funcionarios administrativos. 'En este contexto la participación de los demás sectores y actores vinculados a la Vivienda y Hábitat es limitada REGRESAR |