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Las 26 leyes que el Gobierno aprobó en el marco de la Ley Habilitante se promulgaron sin que se presentara su viabilidad financiera y su impacto sobre la actividad productiva y la población. A criterio del Consejo de Economía Nacional, estas legislaciones impedirán reducir la inflación como es el propósito del Ejecutivo nacional y del Banco Central de Venezuela.
A criterio de este consejo de carácter consultivo a las organizaciones públicas, la economía venezolana afronta desequilibrios, comenzando por el repunte inflacionario de este año cuya tendencia se dirige a registrar una variación por encima de 31%, que de concretarse sería la tasa más alta que se haya tenido durante los casi 10 años que lleva Hugo Chávez en el poder.
El Consejo de Economía Nacional advierte cómo el hecho de que las referidas leyes se orienten a establecer un modelo económico que depende de manera directa del Estado, reduce el espacio al sector privado y limita la posibilidad de que las empresas puedan aumentar la oferta de bienes en los niveles que demanda la población.
'La instrumentación del modelo propuesto con las leyes profundizará las brechas económicas existentes', señala el documento de esta institución. 'Por ello, dichos desequilibrios acentuarán las necesidades de importaciones, llevarán la inflación a niveles más elevados, afectarán la creación de nuevos empleos productivos; y en ese contexto, la escasez generalizada y la necesidad de racionamiento de productos serán inevitables', agrega el documento.
Frente a esta situación, el cuerpo asesor advierte sobre el riesgo de que 'el crecimiento económico potencial de Venezuela, su estabilidad de mediano plazo y la calidad de vida de los venezolanos se verá profundamente afectada'.
Adicionalmente alerta que el 'cerco institucional' contra el sector privado nacional y foráneo restringe toda posibilidad de que las empresas emprendan sus planes de expansión. 'Este nuevo ambiente hace evidente la ausencia de mecanismos formales para la promoción de la inversión', indica. Desde hace un año el CEN como organismo colegiado o mediante la figura de su presidente, el economista Efraín Velásquez, ha hecho varias declaraciones públicas referidas a los riesgos que afronta la economía.
En octubre de 2007 se promovían los alcances de la reconversión monetaria como una de las medidas para controlar los precios. El consejo recomendó la necesidad de que se adoptaran políticas para reducir la inflación mediante un control del gasto público por parte del Gobierno y Pdvsa, y un estímulo a la actividad privada para aumentar la oferta de bienes para atender la demanda.
Los ministros de la economía sólo se han manifestado para negar los pronósticos y luego ajustan sus previsiones. Hace tres meses el ministro de Planificación y Desarrollo, Haiman El Troudi, modificó la meta inflacionaria de 11% a 19,5%; y la semana pasada, el titular de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque, fijó el nuevo objetivo en 27%.
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