En una casa de La Trinidad se concretó el sueño de 2 hermanas. La alquilaron y, con las 7 maestras que contrataron, la convirtieron en el colegio CEDI, un maternal para el desarrollo integral. Durante 8 años trabajaron con 28 pequeños, pero esta semana -a diferencia del resto de los planteles del país- no pudieron abrir sus puertas.
'Las dueñas sacaron de su bolsillo para mantenerlo funcionando. Nunca faltaron los materiales, pero ya no podían seguir costeando los gastos. No quisieron aumentar mucho la mensualidad para no afectar a los papás. El precio era accesible y hasta becaban a quienes no podían pagar. No buscaban ganar dinero, pero tampoco les resultaba', cuenta Franly Pacheco, una de las docentes que trabajó ahí durante seis años.
Aunque la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados no reporta ningún cierre de colegios afiliados, ni puede contabilizar cuántas instituciones pequeñas hay en el país, su presidenta, Josefa de Farías, reconoce que éstas han sido las más afectadas por las regulaciones del Gobierno. 'Los colegios con menos alumnos, que cobran menos y que no están afiliados a ninguna cámara son los que más sufren por el tema económico. No es que contra Andiep no pueda actuar el Estado, pero al menos damos orientaciones valederas', explica.
Fausto Romeo, presidente de Andiep, seccional Caracas, relata que el año pasado se sumaron 9 colegios al grupo de 42 afiliados en busca de protección.
Recuerda el caso de una institución en San José que pidió apoyo a mitad del año escolar, cuando ya había cerrado el proceso de inscripciones a la asociación. Ahora, cuando se reciben a los nuevos miembros, ese centro no se incorporará porque no resistió y también cerró sus puertas. El Liceo Independencia, con más de 50 años de vida, fue otro de los vendidos.
En contexto. Esta semana el presidente Hugo Chávez volvió a calificar de 'mercaderes de la educación' a los colegios privados y a recordarles que deben funcionar bajo la estricta supervisión del Estado. Directores de instituciones que pidieron el resguardo de su identidad coincidieron en que esa vigilancia siempre se ha dado.
El Ministerio de Educación verifica su infraestructura, permiso de bomberos, informe de sanidad, así como certificados de salud, foniátrico y mental de los empleados. Afirman que se adaptan -más que los planteles públicos- a los requerimientos oficiales. Lamentan, no obstante, el hecho de que, desde hace 4 años, el Gobierno haya establecido un tope para el aumento del precio de la matrícula, acto con el que consideran que se han concretado las amenazas. 'Nos vemos muy afectados al momento de pagar al personal y de comprar los insumos.
Los colegios grandes pueden repartir los gastos entre un número más grande de alumnos, pero los pequeños no', indica la directora de dos preescolares que, en conjunto, atienden a 150 pequeños.
'La persecución es total. Las resoluciones nos están estrangulando. El camino que lleva el Estado al regular las mensualidades es buscar que económicamente los colegios no se puedan sostener, para luego ponerles la mano a precio de gallina flaca. Si lo que quiere es convertirlos en públicos, que se sincere y haga una oferta pública para comprarlos', exhorta el dueño de otro colegio privado que tiene 32 años trabajando.
'Decir que somos mercaderes de la educación es una falta de respeto. Hemos tratado de suplir las necesidades de niños y padres venezolanos, de hacer lo que debería hacer el Gobierno. Si los colegios públicos funcionaran, no buscaran los privados. Si continúan presionándonos con un tope de aumento, tendremos que cerrar, porque nuestra intención es dar educación de calidad y, con más alumnos, el nivel de enseñanza baja', reflexiona un tercer propietario.
Los sobrevivientes. 'Si no fuera porque uno ama tanto la educación, ya los colegios estarían cerrados. No dan para vivir', dice a los funcionarios del Indepabis el dueño y director de un colegio privado, ubicado en Catia. Su política, durante casi 55 años, ha sido cobrar poco para servir a la comunidad de bajos recursos. Por eso, el último año su propuesta era elevar la mensualidad de 110 a 150 bolívares, monto que excedía lo aprobado por el Ejecutivo.
'Si antes de las resoluciones yo hubiera cobrado pensiones altas, estaría bien ahora. Pero he tenido que aumentar y me han multado dos veces. Aunque 85% de los representantes se compromete a pagar y entiende la situación, siempre hay uno que denuncia. Es triste porque los padres son los que se benefician de una educación muy buena', afirma. Como prueba de esa calidad, menciona el hecho de que este año recibió 300 peticiones de ingreso, aunque ya tiene cubierta su capacidad para 500 alumnos.
Las instituciones pequeñas, en su opinión, 'tienen la soga al cuello' y el Gobierno no ha entendido las diferencias. La supervisión no le asusta, pero sí le ofenden los calificativos del primer mandatario: 'Por vocación, muchas veces saco dinero de mi bolsillo para los gastos del colegio. Si el Presidente viera lo que gano, se echaría a reír. El que quiere hacerse millonario, lo último que puede pensar es en montar un colegio privado'.
Entre quienes comparten su situación, reina el pesimismo.
'Los colegios privados están condenados a morir si no se permite a los padres tomar las decisiones. Económicamente no podrán mantenerse. Unos caerán antes que otros. Ya vemos que los pequeños no han podido aguantar', manifiesta uno de los propietarios de un plantel en el oeste de la capital.
Su predicción no es alentadora: a lo sumo, podrán resistir dos años más. REGRESAR |
