La empresa Perforaciones Albornoz C. A. (Perfoalca), propiedad de Carlos Kauffman y Franklin Durán, sindicados en Estados Unidos de actuar como agentes del Gobierno venezolano para ocultar el escándalo del maletín con los 800.000 dólares, ha sido contratada 30 veces por Pdvsa para actividades relacionadas con la extracción de gas y petróleo, como la operación de taladros de perforación y de rehabilitación.
La empresa, situada en el municipio San José de Guanipa, estado Anzoátegui, tiene 350 empleados y fue registrada el 15 de agosto de 2008 en el Servicio Nacional de Contratistas con el número de certificado 1001044304274505. Su presidente es Miguel Antonio Albornoz Rodríguez, que posee 50% de las acciones. La otra mitad pertenece a Inversora y Comercializadora 2516, cuyos representantes legales son Kauffman y Durán.
Perfoalca fue demandada en junio de 2007 ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.
La empresa Servicio Técnico de Equipos Pesados C. A. exigía el pago, por vía intimatoria, de 568.752,03 bolívares fuertes que Perfoalca mantenía por concepto de capital adeudado, y otros 53.079,40 bolívares fuertes por intereses moratorios. Por demanda de cobro, el tribunal anzoatiguense decretó medida privativa de embargo contra Perfoalca, que se suspendió cuando ambas partes acordaron que la deuda se cancelaría en dos partes.
Otras cuatro.
Perfoalca es una de las cinco empresas sobre las cuales pesa medida de aseguramiento de bienes e incautación, así como prohibición de enajenar y gravar, dictada por la jueza 18
ade Control, Anny Marchese, el 8 de octubre pasado.
En el oficio 1057-08, dirigido al Consejo Bancario Nacional, se identifican: Venoco, Llano Petrol y sus 150 estaciones de servicio, Unicambio (que tiene oficinas en Plaza Venezuela y en el CCCT), Inversora Comercializadora 2516 (propietaria de 50% de Perfoalca) y Klim Petro Inversiones (dedicada a servicios de perforación y operación de taladros para la actividad petrolera).
Además, las mismas medidas pesan sobre la casa Nª 1205, situada en la avenida El Samán, del Country Club, en Chacao, y sobre las cuentas corrientes 000600017210170001522, del Banco de Coro; 01144050341505001687 del Banco del Caribe; y 0102050931000000188, del Banco de Venezuela.
Marchese invocó las disposiciones de la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que le permiten tomar todas las medidas que considere necesarias para garantizar el resarcimiento de daños al patrimonio público. El objetivo es que los investigados por el caso de los 800.000 dólares no queden insolventes y paguen las sanciones pecuniarias que les serían aplicadas.
La jueza tiene claro que se debe resguardar la operatividad de las empresas aseguradas y los intereses de sus trabajadores. Fuentes del Ministerio Público explicaron que se designarán administradores ad hoc para cada una de las compañías afectadas. Se supone que la influencia de los administradores ad hoc en la marcha de las empresas aseguradas variará de acuerdo con la participación accionaria que en cada una de ellas tengan los involucrados en el caso del maletín.
A través del oficio 1061-08, también emitido el 8 de octubre, la jueza Marchese pidió al Consejo Bancario Nacional asegurar las cuentas que pudiera tener Franklin Durán. REGRESAR |
