|
|
|
En Venezuela no hay democracia. No sólo porque no existe Estado de Derecho ni Sistema de Justicia, independiente e imparcial, que la sustenten, sino porque no se realizan elecciones democráticas.
Para que unas elecciones sean democráticas éstas deben ser 'justas' y 'libres'.
Para que un proceso eleccionario sea libre los ciudadanos deben ser poseedores plenos del derecho y de la oportunidad de elegir. Deberá existir libertad de expresión, de reunión, de asociación y de movimiento para los candidatos, partidos políticos, electores, medios de comunicación, observadores nacionales e internacionales, etc. Deberán realizarse en un clima político libre de intimidación. Tales libertades son requisito anterior e indispensable de unas elecciones legítimas.
Para que las elecciones sean justas, deberá disponerse de papeletas, talones o cupones electorales y permitir un recuento honrado de éstos; así como ser dirigidas sin fraude o manipulación por autoridades electorales imparciales. Los distintos partidos, agrupaciones o movimientos políticos o de electores deben disfrutar de oportunidades razonables para presentar e inscribir sus candidaturas, y debe haber una pronta y justa solución a las disputas o diferencias relacionadas con la elección, antes y después del día de la votación. La equidad también supone 'igualdad de condiciones'; en particular, no puede haber peculado y/o malversación de recursos públicos para campañas; y todos los partidos, grupos de electores y candidatos deben disponer de suficientes oportunidades para comunicarse con sus votantes y obtener su apoyo y, además, deben tener acceso razonablemente equitativo a los distintos medios de comunicación. Los venezolanos acudimos a unas elecciones menguadas, coartadas por una inmensa cantidad de obstáculos al voto: el Consejo Nacional Electoral no es un árbitro imparcial, ya que no guarda suficiente independencia respecto al Presidente de la República; existe una grotesca violación a la igualdad en la campaña de los candidatos demostrada en el gigantesco desbalance a favor de los candidatos del oficialismo, pues la publicidad electoral de éstos en los medios de comunicación triplica a los candidatos de la oposición y, también, se utiliza a capricho del gobierno nacional los recursos del Estado para beneficiar a sus promovidos; existe una amenaza a la disidencia como política de Estado, incluyendo la coerción de funcionarios públicos para que sus subalternos y los contratistas estatales voten a favor de sus candidatos; asimismo se profieren amenazas, humillaciones y descalificaciones de la peor calaña a aquellos candidatos y electores que adversan al oficialismo, y se inhabilita políticamente a candidatos con meras excusas administrativas, sin que medie una sentencia penal definitivamente firme en contra de éstos. En conclusión, hay una abrumadora mayoría de demócratas y electores; sin embargo, no hay democracia ni elecciones libres y justas.
REGRESAR |
*** noticias no disponibles *** |
|
