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Recientemente, el gobierno ordenó la transferencia de los principales servicios públicos como transporte, vialidad, salud, educación y policías de los gobiernos regionales en manos de la oposición hacia la administración central como una medida política, ya que en el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2009 no se prevén recursos para llevar a cabo este proceso, lo que podría complicar aún más la gestión fiscal.
Ni en la exposición de motivos presentada el pasado mes de octubre a la Asamblea Nacional, ni en la distribución de los recursos de los distintos ministerios, se establece la posibilidad de recibir competencias provenientes de gobernaciones y alcaldías.
Analistas consultados explicaron que al transferirse competencias hacia el gobierno central también se deberían trasladar los recursos financieros, sin embargo, al parecer la Oficina Nacional de Presupuesto aún no ha decidido la forma en que se administrarán los servicios transferidos.
El profesor del IESA José Manuel Puente destaca que es poco usual este tipo de actuaciones, ya que lo tradicional es que la administración central transfiera competencias hacia los gobiernos regionales. 'Esta política se realizaba en pro de la descentralización política y fiscal del país'.
A las gobernaciones y alcaldías que no puedan contar con los recursos que ya se les había asignado se les sumará la posibilidad de disminuir aún más su presupuesto de persistir una caída de los precios del petróleo para 2009. Los gobiernos regionales dependen en gran medida de las exportaciones petroleras, las cuales son el principal financiamiento del situado constitucional y de la ley de asignaciones económicas especiales.
Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas han señalado que para el próximo año se prevé un ajuste en el presupuesto de gastos de entre 10% y 15%, por lo que los primeros en recibir recortes podrían ser algunas regiones gobernadas por la oposición.
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