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En opinión de tres expertos electorales el referéndum para la enmienda constitucional convocado para el 15 de febrero viola ocho artículos de la Constitución y cuatro de la Ley Orgánica del Sufragio.
En el primer caso se vulnera lo expresado en los artículos 22 y 23 relativos a los derechos humanos; los artículos 63 y 64 atinentes a los derechos políticos; los artículos 292, 293 y 294 que garantizan la autonomía y funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y el 341 que ordena la metodología para tramitar las enmiendas.
En el segundo caso son irrespetados los artículos 119, 120 y 121 sobre la normativa para la activación del registro de votantes, y el 267 que trata sobre la publicación del reglamento electoral.
Si se cumpliesen los lapsos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Sufragio el referéndum de la enmienda para la reelección indefinida debería ser realizado no antes de mayo.
'Como esto no fue así vemos que hay mucha gente excluida, primordialmente jóvenes; no hay tiempo de notificar y formar a los miembros de mesa que el año pasado requirió de 52 días en un proceso al cual fueron convocadas 650.000 personas y en el que finalmente participaron 180.000; y, no menos preocupante, no hay plazo para hacer las auditorías ni el simulacro', señala María Corina Machado, representante de Súmate.
El presidente de AD, Víctor Bolívar, también reclama contra el referéndum. 'Los artículos 63 y 64 de la Constitución ofrecen el derecho de votar a todos aquellos que hayan cumplido 18 años de edad, y de acuerdo con los artículos 22 y 23 de la Constitución los tratados internacionales suscritos por Venezuela y específicamente el que tiene que ver con los derechos humanos tienen preferente aplicación a la propia Constitución y los jueces están obligados a hacer valer esa norma', afirmó el líder.
Aun cuando no hay una cifra definitiva se calcula que no menos de 400.000 jóvenes quedarán al margen del nuevo proceso refrendario debido a que el Poder Electoral no abrió el registro para los nuevos votantes ni para hacer cambios de domicilio.
Por lo menos seis impugnaciones están pendientes de decisiones en el TSJ, todos con medidas cautelares de amparo en contra de la decisión del CNE y la convocatoria al referéndum.
Todos vaticinan un escenario caótico originado por la premura con la que se hará esta consulta. Aunque el CNE está obligado a actualizar el Registro Electoral cada mes los partidos políticos encendieron las alarmas ante la manipulación de los lapsos establecidos para realizar la jornada de votación.
Machado parte de una premisa: este referédum jamás debió hacerse porque está viciado de inconstitucionalidad.
'Pero, la manera atropellada como se impuso la fecha es también otra forma de violentar el Estado de Derecho', dijo y agregó que son los plazos establecidos en la Constitución y la Ley del Sufragio los que determinan la fecha de la cita electoral y no al revés.
Mario Guillermo Massone, académico de la Universidad Católica Andrés Bello, que está escribiendo un libro sobre el principio de alternabilidad democrática en la vida republicana venezolana, considera que si el PPT solicitó la ampliación de la pregunta a todos los cargos de elección popular es a ese partido al que le corresponde introducir un pliego petitorio ante el Tribunal Supremo de Justicia. 'Éste debe someter a consideración la posibilidad de excluir el artículo 230 de la pregunta y por ende al Presidente de la República, cuya posibilidad de extender su mandato más allá de 2012 le fue negada el 2 de diciembre de 2007'.
Rebeldía civil. Massone cree que la nueva consulta programada para el 15 de febrero pone al presidente Hugo Chávez y a su partido político en estado de rebeldía. 'Estamos en presencia de un acto de desobediencia civil, ilegítima, por cuanto esta materia fue decidida el 2 de diciembre de 2007. Esto es un nuevo atropello contra la democracia', añadió.
María Corina Machado exhorta a activar el artículo 333 de la Constitución en defensa de la carta magna.
Súmate tiene en funcionamiento su call center a través del número 0501 (NOPELAN) 6673526.
Machado enfatizó que hace falta mucha gente para cuidar la transparencia de los procesos electorales y para ejercer presión ante el organismo electoral a fin de lograr que la tinta indeleble sea auditada, así como los cuadernos de votación y que se publique cuanto antes una normativa sobre la función que cumplirán los miembros de mesa, los coordinadores de los centros de votación y el Plan República. Esto último con el objetivo de evitar abusos de los uniformados.
'Todos y cada uno de los ciudadanos en edad de votar están en la obligación de actuar como testigos a la hora de los escrutinios', recordó.
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