El próximo 15 de febrero le trae a los venezolanos una nueva oportunidad para demostrar su apego a la libertad y la democracia. Ese día la constitución de 1999 estará sometida a un nuevo y grave intento de violación por parte del régimen.
Este documento, bautizado en los días de euforia de la maquinaria constituyente como la mejor constitución del mundo es hoy, debido a los excesos de su progenitor, un cascarón vacío. Con 350 artículos de frecuente naturaleza normativa, muchos de ellos imposibles de ser concretados por gobierno alguno, la constitución de 1999 ha sufrido una rápida deslegitimación y ha sido pasto fácil de los abusos de poder del régimen.
Cualquiera que sea el resultado del referendo del 15 de febrero la constitución vigente continuará siendo un juguete más de un poder ejecutivo fuera de control. Mientras la constitución de 1961 duró en buena forma casi cuarenta años, plenamente aceptada por la nación, la constitución de 1999 prácticamente habrá dejado de existir en menos de una década.
El aspecto más trágico de este nuevo evento electoral es que se nos impone en un momento de verdadera crisis económica nacional, una crisis de la cuál la crisis económica mundial es sólo parcialmente responsable. La verdadera raíz de nuestra crisis obedece a varios elementos: 1. El caprichoso y corrupto manejo de la Hacienda Pública. La pérdida de autonomía del BCV. El asalto a las reservas internacionales. La complicidad de la Contraloría, entre otros. 2. El colapso institucional de PDVSA y la declinación, durante los últimos años, de un significativo volumen de producción petrolera. Cuando se compara la baja en la capacidad de producción de la industria petrolera durante estos años con los precios del petróleo en los mercados internacionales, podrá apreciarse fácilmente la inmensa magnitud de la pérdida financiera que se ha derivado de la conversión de PDVSA en una agencia gubernamental al servicio del proyecto político del régimen.
Una constitución hecha pedazos es el triste símbolo de un país en pleno proceso de desintegración. Pero si bien es cierto que el llamado a un referendo el próximo 15 de febrero constituye una afrenta para los venezolanos democráticos también es cierto que no existe otra opción que la de ir a votar nuevamente y derrotar, una vez más, las pretensiones continuistas del régimen.
Tanto el acudir a votar 'bajo protesta', como la invocación del voto como una forma de aplicar el artículo 333 de la Constitución, cumplen con el propósito de mantener vivo y vigente el hilo democrático del país, evitando que una eventual proclamación de la victoria del 'SÍ' por el oficialismo, cancele el sistema democrático el 15-02-09 y lo reemplace, sin solución de continuidad, por un socialismo personalista y autoritario. En otras palabras, la lucha por impedir la sustitución de nuestro sistema político democrático por 'otra cosa', continuará legítimamente el día 16-02-09, independientemente del resultado electoral del 15 de febrero.
Estas argumentaciones, con un mayor desarrollo, deberán representar lo medular del discurso político del liderazgo que llama a votar y se opone a 'la enmienda'.
Esto, para dejar claro que acudir a votar no es un acto para legalizar un fraude constitucional, sino el uso de un instrumento legal y pacífico de protesta.
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