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El proceso de expropiación de la planta de arroz de la transnacional Cargill es sólo el comienzo de la oleada de intervenciones que prepara el Gobierno para minimizar la participación del sector privado en el procesamiento de alimentos y bienes de primera necesidad.
La intención de apoderarse de la planta de arroz de Polar es evidente. El ministro de Comercio, Eduardo Samán, afirmó que solicitará formalmente al presidente Chávez que ejecute la expropiación sobre esta instalación.
Mientras la medida de ocupación temporal por 90 días a esta planta de Alimentos Polar en Guárico transcurre, los representantes del Gobierno afirmaron que están decididos a erradicar los oligopolios y monopolios que, a su juicio, pueden atentar contra la seguridad alimentaria.
'El que dos, tres o cuatro industrias controlen el derecho de la alimentación del pueblo venezolano es un alto riesgo para la sociedad democrática, porque condiciona políticamente el funcionamiento de la sociedad', expresó el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua.
Aseguró que las empresas del sector de alimentos se burlaron del Gobierno y no aceptaron las recomendaciones que se hicieron hace varios meses para que privilegiaran la fabricación de las presentaciones reguladas de los 12 rubros clave: arroz, pasta, harina de maíz precocida, azúcar, café molido y tostado, leche en polvo y pasteurizada, mayonesa, salsa de tomate y margarina. Aunque la resolución con los porcentajes de producción para cada uno de estos rubros salió publicada el martes, el Ejecutivo considera que el tiempo a las empresas se les agotó. Y en su lugar proponen tomar el control para crear una nueva hegemonía, la del Estado y el poder social, como explicó Jaua.
'Una sociedad democrática debe erradicar los grupos oligopolios; pero esto no quiere decir eliminarlos, sino construir una hegemonía democrática en los medios de producción, una hegemonía de propiedad social, es decir, que los medios de producción de los bienes básicos como los alimentos estén en manos de la Nación', agregó.
El programa socialista del Gobierno en materia de alimentos permite que operen pequeñas, medianas y grandes industrias, pero sin posición de dominio. 'Que no generen posición de dominio, ni oligopolios y monopolios que coloquen en situación de vulnerabilidad al Estado venezolano como ocurrió en la huelga petrolera entre 2002 y 2003 o que se presione al Gobierno para que aumente los precios, que fue lo que desató el estallido social del 27 de febrero de 1989 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez', argumentó el ministro.
Jaua manifestó que la iniciativa de expropiación e intervención de empresas no debe ser sólo del Ejecutivo, sino de la sociedad. 'Antes de que salga el Gobierno a ocupar una fábrica que sea el pueblo. Una ama de casa, los consejos comunales de los barrios y de los campos son los que deben salir a exigir al Gobierno que sea contundente contra la oligarquía, para que efectivamente podamos ir construyendo un verdadero poder popular', apuntó.
Economía estatizada. Desde el año pasado, el Ejecutivo tomó la decisión de restringir la actuación de las empresas de alimentos, cuando estableció el Sistema de Control Agroalimentario que las obliga a registrarse y solicitar guías para movilizar dentro del territorio los rubros de primera necesidad.
Con la excusa de evitar el contrabando de extracción y mejorar el abastecimiento, el Gobierno decidió condicionar la entrega de esos permisos de acuerdo con un consumo aparente de alimentos que aún no se conoce.
En los últimos años, la producción y la venta de alimentos ha estado controlada en gran parte por el Gobierno.
Mercal, con 16.000 puntos de venta, ha ganado terreno en el mercado de alimentos básicos subsidiados y representa 30,7% de las ventas con la colocación de más de 1,49 millones de toneladas en 2008. El consumo es de 4,46 millones de toneladas, pero aún el sector privado abastece entre 60% y 65% del mercado.
Con la llegada de Pdval, el Gobierno ha tratado de arrebatarle espacio a los particulares.
Pero esta empresa filial de Pdvsa sólo logró vender 305.737 toneladas, equivalente a 5% de participación.
La estructura agroalimentaria gubernamental incluye tres centrales azucareros (Motatán, Pio Tamayo y Cumanacoa), además de tres que están en construcción incluyendo el Caaez. A través de la Corporación Venezolana Agraria instaló 32 plantas que procesan café, leche, queso, arroz y harina de maíz.
El año pasado la producción de estas empresas alcanzó 345.000 toneladas. También se suma al conglomerado estatal las agropecuarias y plantas de alimentos creadas en convenio con Cuba, Nicaragua e Irán.
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