El apoderado del Hato Caroní, Jorge Rodríguez Abad, aseguró que la intervención de esa propiedad por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) es un desacato a una medida de protección agropecuaria de los tribunales, dictada el primero de diciembre de 2008 y aseguró que sus propietarios cuentan con la documentación que los acredita como dueños legítimos de estas tierras que fueron intervenidas en el estado Barinas por el Gobierno.
Dijo, además, que la propiedad privada Hato Caroní brinda seguridad alimentaria, por cuanto está sujeta a las disposiciones de seguridad social que vocifera el Gobierno.
En este sentido el jurista Jorge Rodríguez Abad, indicó que la medida de 'rescate' adoptada por el INTI para confiscar el hato Caroní es absolutamente nula en términos de derecho.
'Esta medida lesiona el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho al juez natural y por lo tanto es absolutamente nula'.
Aseguró que el Hato Caroní es una propiedad privada, que desde 1958 el Banco Agrícola y Pecuario, trasladó esa propiedad y que posteriormente en el año 1996, lo que se conoció en su oportunidad como el Instituto Agrario Nacional, hoy conocido como INTI, procedió a entregar la propiedad mediante un título 'oneroso', a los actuales y 'legítimos' propietarios.
Explicó Rodríguez que es ilegal la acción interventora del INTI, pues 'esa unidad de producción goza además, de protección agroalimentaria, porque así como el informe que realizó el Instituto de Tierras en el año 2006 y 2008 en donde se indica que es una unidad agropecuaria que cumple con todos los requisitos de ocupación y de producción, el tribunal que otorgó la medida también realizó un informe técnico, así como una inspección en los predios de la finca a objeto de determinar y constatar que eso es así. En razón de esto se produjo esa medida agroalimentaria que es como un amparo constitucional'.
Asimismo aclaró que es falso que la propiedad pueda definirse como latifundio, como han señalado algunos funcionarios del Gobierno. 'El mismo INTI no ha indicado en ningún momento que la intervención del Hato Caroní es porque se trata de un latifundio.
Afirmó que la unidad de producción del Hato Caroní, cumple con todas sus obligaciones legales, con sus trabajadores y las normas establecidas en la ley.
'El Hato Caroní, produce 150 toros mensuales, que se envían a los mataderos y emplea a más de 200 personas'.
Denunció que en la actualidad la producción está recortada porque los trabajadores se encuentran desanimados y temen que ocurra igual que con otras instalaciones. Sin embargo, aclaró que la finca no ha sufrido todavía ningún daño.
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