Venezuela ha caminado hacia la descentralización política desde 1989 y el consenso entre dirigentes de distintas corrientes sobre la idoneidad de este camino quedó plasmado en la Constitución de 1999. Es por esta razón que el abogado Manuel Rachadel y el ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Jorge Pabón coinciden en que revertir la desconcentración de competencias atenta contra la Constitución y la voluntad popular.
Rachadel, quien ha estudiado el tema de la descentralización, indica que la Asamblea Nacional desconoce lo dispuesto en la Constitución cuando establece en la reforma de la Ley de Descentralización de Puertos y de Aeronáutica Civil que el 'Ejecutivo Nacional, podrá revertir por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias concedidas a los estados'.
El jurista explica que las competencias establecidas en la Constitución no fueron 'transferidas' a los estados, sino asignadas, luego de culminado el proceso de descentralización. 'De `transferencia' se podía hablar durante el proceso de instalación de la descentralización entre 1989 y 1999. Pero la Constitución de 1999 asigna estas competencias a las regiones', aseguró.
Para el jurista, el Presidente siempre tuvo en mente la reversión del proceso descentralizador, con la finalidad de acumular poder. El abogado señala, sin embargo, que el proceso de centralización de competencias en puertos, aeropuertos, carreteras y otras instancias podría revertirse contra el Ejecutivo por la 'ineficiencia' que entrañaría la concentración de competencias.
El abogado indica que la 'conciencia de identidad federal' está bastante arraigada en varias entidades del país. Coloca como ejemplo al estado Zulia y advierte que la ineficiencia de los organismos centralizados hará impopular la medida.
Por su parte, Pabón recuerda que el artículo 4 del texto constitucional establece que la República Bolivariana de Venezuela es un 'estado federal descentralizado', mientras que el artículo 6 dispone que las estructuras políticas venezolanas son y serán siempre descentralizados.
Igualmente, el abogado constitucionalista asegura que la Carta Magna separa claramente la participación del poder nacional y del poder regional en la administración de los espacios en cuestión. Al Estado le correspondería todo lo atinente a la infraestructura y la actuación de organismos nacionales como la Guardia Nacional y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), pero no le correspondería los beneficios que reportan estos espacios que deben pasar a manos de los estados. REGRESAR |
