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El 'fraude masivo' denunciado por Leonardo Salcedo (PSUV) en las elecciones para gobernador del estado Táchira tardará en ser aclarado por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que continúan sin recibir, de parte de los rectores del Poder Electoral, la lista de electores que acudieron a sufragar el 23 de noviembre en el municipio San Cristóbal.
Al procesar la impugnación de Salcedo los magistrados de la Sala Electoral requirieron a los rectores del CNE -según la sentencia número 27 del 17 de marzo- que entregaran 'todos los documentos levantados con ocasión del funcionamiento de las máquinas de identificación biométrica (captahuellas) correspondiente a la elección del gobernador de Táchira, en el municipio San Cristóbal'
Básicamente, los magistrados pidieron al Poder Electoral -a instancia del PSUV- que entregue el nombre y apellido de las 189.025 personas que acudieron a votar en el municipio San Cristóbal y el nombre y apellido de los 53.966 ciudadanos que no votaron en esa jurisdicción el 23 de noviembre.
El plazo para entregar estas listas al TSJ venció el 23 de marzo. A la fecha, ni los rectores del CNE ni la Consultoría Jurídica del organismo han explicado por qué no remitieron la información al TSJ.
No obstante, técnicos electorales consultados explicaron que entregar esta información podría reeditar la aparición de una nueva lista Tascón.
Esta es la segunda vez que el CNE desacata a la Sala Electoral en este caso. El 7 de enero los magistrados requirieron a los rectores que entregaran el listado de personas que votaron en los comicios locales junto a las actas de escrutinio y totalización del proceso.
Según los boletines del CNE, César Pérez Vivas obtuvo la Gobernación del Táchira al capitalizar 240.478 votos (49,46%), mientras Salcedo fue apoyado por 233.495 personas (48,12%). En el caso del municipio San Cristóbal, el CNE reportó que Pérez Vivas fue apoyado por 78.273 personas (59,07%) y Salcedo por 50.872 (38,39%)
Investigaciones administrativas La sesión de rectores aprobó ayer iniciar 13 averiguaciones administrativas por presuntas violaciones a las normas de campaña. Serán investigados los partidos PJ y PSUV por pautar piezas publicitarias que excedían los límites de las normas; además de Pdvsa. Mercal, INCE y el Ministerio de Alimentación por emplear edificios de organismos públicos para colocar publicidad a favor de la enmienda constitucional. REGRESAR |
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