La segunda discusión y aprobación de la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Capital giró en torno a recursos, competencias e infraestructura. A través de la norma legal la mayoría de la Asamblea Nacional, decidió que la sede de la Alcaldía Metropolitana ubicada al norte de la plaza Bolívar; ahora será el lugar desde donde ejercerá funciones el jefe de gobierno del Distrito Capital.
Asimismo, se decidió que el presupuesto que servía para el funcionamiento de la Alcaldía Metropolitana será transferido, casi completamente, para el Distrito Capital.
Bajo la argumentación de que cumplían con una obligación que debía ejecutarse desde hacía diez años, decidieron que la totalidad del situado constitucional, las asignaciones especiales y el subsidio de capitalidad formarán parte del presupuesto del Distrito Capital. El presupuesto de la Alcaldía Metropolitana, ahora sólo dependerá del 10% que le transfieran las alcaldías de Chacao, Baruta, El Hatillo, Libertador y Sucre.
Los diputados de Podemos dejaron en claro su postura: la aprobación de esta ley, viola la Constitución y más específicamente el precepto de la soberanía popular. Según el diputado Juan José Molina, el hecho de que el jefe de gobierno sea designado por el presidente de la República, desestima la voluntad de la gente expresada a través del voto.
El legislador Carlos Escarrá rebatió este punto al afirmar que la democracia a la que ellos apostaban no era representativa, sino que tenía sus raíces en el poder popular. Sin embargo, no explicó cómo se compaginaba esto con el hecho de que el funcionario sea designado y no electo.
La Asamblea ahora tendrá 30 días para sancionar una ley especial que regule lo concerniente a la transferencia de los recursos y bienes.
Durante la sesión extraordinaria, el Palacio Federal Legislativo fue custodiado por efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana.
Otras leyes. Finalmente la polémica Ley Orgánica del Sistema de Justicia fue sancionada con ligeras modificaciones. En lo que se refiere a la representación de la AN en la Comisión Nacional del Sistema de Justicia se limitará a dos diputados y no tres, uno de ellos representante indígena.
Otra de las modificaciones es que ya no participarán en la comisión tres magistrados sino sólo la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales; ni dos ministros, sólo el de Interior y Justicia, Tarek El Aissami.
El Parlamento también aprobó la reversión de las autopistas, carreteras nacionales, túneles, puentes, vías expresas y hasta las vías agrícolas a los estados Guárico, Aragua, Lara, Anzoátegui, Amazonas, Apure, Barinas, Carabobo, Cojedes, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Bolívar, Trujillo, Nueva Esparta, Yaracuy y el Distrito Metropolitano. La transferencia se sancionó luego de una comunicación que envió el ministro Diosdado Cabello.
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