A compañado por decenas de seguidores el alcalde del Distrito Metropolitano, Antonio Ledezma, introdujo una acción de nulidad contra la Ley Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital por considerar que ésta violenta los principios sobre autonomía establecidos en la Constitución, así como en la Ley Especial Sobre el Régimen del Distrito Metropolitano.
De acuerdo con el Alcalde el instrumento legal, al cual denominó 'Ley dedo', violenta los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 18, 24, 25, 62, 70, 115, 116, 138, 158 y 211 de la Carta Magna. Por ello en el documento solicitó que la Sala Constitucional se declare competente para conocer el recurso y declare la nulidad de la referida Ley.
Ledezma consideró que la Ley contraría principios democráticos al establecer que el 'Jefe de Gobierno del Distrito Capital' será designado discrecionalmente por el Ejecutivo Nacional. De acuerdo con el líder político el nuevo ente se aleja de las necesidades de la colectividad al no estar sujeto a la opinión popular: 'Nosotros por el contrario estamos promoviendo el sometimiento a consulta popular de esta Ley'.
En el escrito el funcionario alega que la Ley es 'un evento más en el inconfesable fin de impedir el normal funcionamiento del Distrito Metropolitano'. También se indica que la normativa demuestra 'ausencia de la formalidad esencial de consulta pública', además de 'menoscabar' los principios de descentralización.
Consultado sobre la desconfianza que ha mostrado hacia el TSJ, Ledezma indicó que se debe cumplir con todas las formalidades legales: 'Se trata de que quede constancia de que acudimos ante estas instancias, para que no se diga que estamos pasando por encima de instancias nacionales'.
En este sentido el burgomaestre emplazó al máximo tribunal del país a demostrar que era verdaderamente independiente con esta decisión: 'Cuando decimos que estamos ante una dictadura es porque los poderes no son autónomos. Para que no se diga que vivimos en dictadura los poderes tienen que demostrar que son autónomos, pero todo indica hasta la fecha que todos los poderes han perdido la autonomía, todos los poderes están sometidos a los designios del Ejecutivo'.
En el documento consignado en la Sala también se expresa que la Ley violentaría la autonomía financiera, presupuestaria, política, económica y administrativa de la Alcaldía Mayor.
Como referencia específica se coloca al artículo 12 del instrumento legal que 'arrebata' los bienes y recursos que la Asamblea Nacional Constituyente le asignó a la Alcaldía Metropolitana. Igualmente, acusa a la norma de 'usurpación' al asignar a la nueva instancia competencias que según la Ley Especial Sobre el Régimen del Distrito Metropolitano corresponden a la Alcaldía Metropolitana.
Ledezma también se refirió a la medida del Ministerio para el Trabajo y la Seguridad Social que obliga al reenganche de los aproximadamente siete mil trabajadores que fueron despedidos o cuyos contratos fueron cesados bajo su gestión. El Alcalde dijo que primero se debía aclarar la denuncia hecha sobre los manejos irregulares en las plantillas de la institución.
'A los trabajadores que tenían contrato hasta el 1º de diciembre se les rescindió el contrato, se les cancelaron sus prestaciones. Lo que hay es una denuncia de plantilla. Yo no estoy atropellando a trabajadores humildes. Éstos estaban siendo atropellados por unos cuantos vagabundos que eran los que manejaban estas plantillas, que servían para financiar actividades políticas'.
Indicó, igualmente, que la nueva autoridad no debía interferir con las competencias de la Alcaldía Mayor. 'La nueva autoridad a dedo, el alcalde Jorge Rodríguez, los diputados que dieron este barbarazo a la autoridad metropolitana tienen que responder por la estabilidad laboral de los 35 mil trabajadores que dependen de la Alcaldía'.
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