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Este título no es una recomendación ni un deseo. Es lo que el Gobierno parece decirle a empresas e inversionistas, por intermedio de las amenazas y de los procedimientos seguidos en las expropiaciones ocurridas. En la experiencia venezolana reciente resaltan dos aspectos: muchas amenazas avanzan hacia expropiaciones efectivas, y las expropiaciones, controles e intervenciones ocurren en un ambiente de creciente precariedad institucional.
La expropiación es un derecho inalienable de los Estados para situar al bien común por encima de los intereses individuales. Sin embargo, en Venezuela el riesgo de expropiación es particularmente alto debido a tres elementos: a) lo frecuente e impredecible de las amenazas y los eventos expropiatorios; b) la ausencia de garantías constitucionales de indemnización previa a la ocupación del bien expropiado (como existen en otros países); y c) la concepción ideológica dominante en el oficialismo, la cual se basa en el dogma de que la iniciativa privada es incompatible con la búsqueda de justicia, inclusión y relaciones económicas no opresivas. La etapa actual ha sido definida por los voceros oficiales, explícitamente, como una transición hacia una economía que excluye al capital, donde sólo el trabajo es generador de valor.
ElGobiernohadadoclarasseñales de su preferencia por la toma de controldelaspropiedadesantesde que ocurra la justa, debida y oportuna indemnización. Esta amenaza es exacerbada por las restricciones presupuestarias del gobierno, lo cual incrementa de manera exponencial el riesgo de expropiación en Venezuela y la posibilidad de pérdida del valor invertido.
¿Qué hacen las empresas ante tales amenazas, en un ambiente de indefensión institucional? Lo que sigue es un resumen de las prácticas reveladas por las empresas venezolanas frente a las amenazas. Pese a que algunas de estas respuestas puedan parecer poco deseables, es preciso verlas como los efectos reales del riesgo de expropiación.
1Evalúan la vulnerabilidad de te-
rrenos, edificaciones, plantas y maquinarias tanto por su valor estratégico directo para la función productiva del Estado, como por el valor del arrebato de una empresa o planta específica, como señal para disciplinar y reducir el poder de negociación de terceros;
2 Prefieren operar bajo esquemas de arrendamiento más que de propiedad de los activos, y de inversiones financiadas con garantía de las maquinarias y equipos de la empresa;
3Sólo realizan inversiones que se
puedan recuperar en el corto plazo y que generen altos beneficios;
4 Invierten en responsabilidad social como una manera de construir escudos regulatorios;
5 Diversifican inversiones hacia otros países o hacia industrias no reguladas;
6 Invierten en maquinarias y equipos que puedan ser usadas para producir diferentes productos;
7 Invierten en cabildeo (lobby) político y en algunos casos establecen alianzas con ministros, parlamentarios y operadores políticos con acceso en el oficialismo.
Nada de esto es garantía frente a las amenazas, pero se considera que es mejor hacer algo que esperar pasivamente el garrotazo. Hay poderosos argumentos a favor de una economía más humana, pero es lamentable que el ambiente venezolano desencadene protecciones, antes que impulsar cambios genuinos en la conducta empresarial hacia esquemas cooperativos, incluyentes y de democratización del capital.
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| Fecha publicada: 20/05/2009
Fuente: El Mundo
Tema: economia
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