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Con el argumento de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno bolivariano ha ido aumentando su participación en este sector, no sólo a través de Mercal y Pdval sino también haciéndose con empresas privadas consolidadas en el mercado.
Entre 2007 y lo que va de 2009, siete empresas privadas han pasado a manos del Estado.
Actualmente, además de las dos redes oficiales de distribución de alimentos, cuyo aporte equivale a un tercio del volumen del mercado, el Estado posee una empresa de producción y procesamiento en los principales rubros.
A principios de 2008, durante la coyuntura de escasez de leche, el Gobierno compró Lácteos Los Andes, empresa líder que abastecía 35% del mercado de productos lácteos y sus derivados, con la premisa de satisfacer las necesidades de la población.
Pero la mayor parte de la producción de esta planta, ahora denominada Enlandes, se comercializa a través de Pdval.
Una de las trabas que impedía crecer a la red Mercal era la falta de infraestructura en frío, situación que también fue solventada en 2008 a través de la adquisición de Cealco (Centro de Almacenes Congelados), que atendía 75% del mercado de alimentos en el país, dejando sin participación a las empresas del sector privado que utilizaban ese servicio.
Al contar con esta red, el Ejecutivo pudo incrementar las importaciones de pollo y carne, principalmente para distribuir a través de Mercal y Pdval.
En el sector cárnico también tiene participación. Hace dos años fueron expropiados los frigoríficos y mataderos Fribarsa, en Barinas, con capacidad de almacenaje de 750 reses diarias y Fricapeca, en Zulia, que almacena 1.800 reses y puede beneficiar 1.000 animales diarios. Actualmente son administrados por la CVA.
En grasas, el Gobierno también compró la planta procesadora de aceite Diana.
Este año se suman otras dos plantas del sector privado a las filas del Gobierno que se encontraban operativas. La adquisición más reciente fue la planta procesadora de arroz de la multinacional Cargill de Venezuela situada en el estado Guárico, la cual fue adquirida mediante decreto de expropiación.
El Estado sólo contaba con la empresa mixta Arroz del ALBA.
También se solicitó la expropiación la planta procesadora y enlatado de sardinas Conserva Alimenticia La Gaviota, ubicada en Sucre, la cual se encuentra bajo la administración temporal del Indepabis.
A todas estas empresas productoras y transformadoras de alimentos se suman las empresas de producción social en los rubros maíz, plátano y leche, para completar el tejido agroindustrial del estatal.
Pero el control del Estado sobre el sector de alimentos no es sólo de tipo administrativo u operativo, sino también jurídico. Recientemente se fijaron cuotas de producción a las industrias, cuyo incumplimiento acarrea sanciones que van desde la ocupación temporal de las plantas hasta la confiscación.
En esa situación se encuentran dos plantas: la de Arroz Primor del Grupo Polar, y la de pastas alimenticias de Cargill.
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