Vuelve el partido dominante y, con él, paulatinamente, desaparecerán las organizaciones políticas tradicionales, los partidos emergentes, las minorías del chavismo -como el Partido Comunista- y las organizaciones regionales.
En total, 400 organizaciones políticas, registradas ante el Consejo Nacional Electoral, (CNE) no tendrán razón para existir. La necesidad de los partidos -y de sus electores- de tener una bancada en el Parlamento o representación en el Consejo Legislativo de un estado y en el Concejo Municipal de una jurisdicción será imposible de materializar aunque se tenga los votos para ello. Este es uno de los efectos del sistema mayoritario que intentan imponer los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 ya demostró cuáles pueden ser los efectos de un sistema mayoritario en Venezuela. Aunque en aquella ocasión se votó uninominalmente (por nombre y apellido) por los 127 constituyentistas que redactarían la nueva Constitución Nacional, el nombre y apellido de todos los candidatos estuvo asociado al apoyo o al rechazo que otorgaban al presidente Hugo Chávez.
Quienes apoyaron al Presidente obtuvieron, en conjunto, 60% de los votos; no obstante, el sistema mayoritario aplicado a esa elección provocó que se les adjudicaran 95% de las curules.
La desproporcionalidad de esta elección es evidente. Sin embargo, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional se incluye un sistema paralelo e independiente (aproximadamente 70% de los cargos serán escogidos por nombre y apellido y 30% por listas cerradas) que implica la instauración definitiva en el país de un sistema que garantiza la sobrerrepresentación de las mayorías aunque la Constitución Nacional garantiza la representación proporcional.
Así como sucedió en la elección de 1999, si se aprueba la LOPE en los términos en que fue redactada por los parlamentarios del PSUV -elegidos en 2005 con una abstención de 75%- la única forma de ser elegido para integrar la Asamblea Nacional, los consejos legislativos de los estados y los concejos municipales será perteneciendo al partido hegemónico, que en este momento es la organización dirigida por el presidente Chávez. Aunque en las últimas cinco décadas (1958-2008) Venezuela ha tenido 15 leyes electorales, en todas existe una constante: se garantiza el principio de representación proporcional. Esto significa que si el partido A obtiene 51% de los votos, el partido B 20%, el partido C 11%, el partido D 10% y el partido E 8%, deberían asignarse los cargos en una proporción similar: aproximadamente 51% de los cargos para el partido A, 20% de los cargos para el B, 11% para el C, 10% para el D, etcétera.
No obstante, la fórmula electoral propuesta por el PSUV provocará que el partido A, con 51% de los votos, capitalice, aproximadamente, 90% de los cargos.
En este escenario, la única solución que pueden adoptar las organizaciones políticas tradicionales y los 400 partidos regionales que no podrán ingresar a los consejos legislativos ni concejos municipales para exponer sus ideas -y la de los ciudadanos a los que representan- es presentarse a las elecciones de 2010 con alianzas perfectas en todos los circuitos o fundar entre todas un nuevo partido. Si eso no ocurre, el PSUV podría seguir el ejemplo del Partido Institucional Revolucionario de México (PRI), que gobernó, gracias a un sistema electoral segmentado como el que propone el chavismo, por siete décadas.
En caso de que las organizaciones políticas admitan desaparecer para refundar una nueva organización en Venezuela, se instauraría definitivamente un sistema mayoritario de bipartidismo, como el que se utiliza en EEUU.
Si los partidos perjudicados no se agrupan en una nueva organización, Venezuela caerá en un sistema de partido predominante, en donde se permite la existencia de toda clase de organizaciones, pero en la práctica sólo una gobierna mientras electoralmente continúe obteniendo una mayoría simple.
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