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Funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado estarían involucrados en por lo menos 20% de los delitos cometidos en el país. El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek el Aissami, reconoció la participación de policías en crímenes, durante el acto de instalación del Consejo Nacional de Seguridad y Prevención Ciudadana.
El titular de Relaciones Interiores señaló que en algunos casos recientes los efectivos policiales han sido detenidos y puestos a la orden del Poder Judicial, especialmente cuando están involucrados en homicidios.
El acto donde se anunció la nueva estructura que asumirá el diseño de las políticas de seguridad ciudadana estuvo encabezado por el vicepresidente Ejecutivo de la República, Ramón Carrizález, que explicó que en esta instancia intervendrán todos los poderes del Estado, las instituciones y los profesores universitarios dedicados a la investigación en materia de seguridad.
Además, aseguró que será fundamental la participación popular a través de la misiones.
De acuerdo con el vicepresidente, la nueva iniciativa no debe convertirse en un escenario para teorizar sino para aplicar las investigaciones y experiencias a fin de resolver el problema de la seguridad ciudadana.
El Programa Alcatraz, dedicado al tratamiento de personas con problemas de drogas implementado en Aragua, y el plan para combatir la actuación de las pandillas en el estado Sucre son algunas de las experiencias exitosas que se incluirán dentro de los mecanismos empleados por este consejo, indicó Carrizález.
Las encuestas de victimización serán otro instrumento que se aplicarán con el objetivo de determinar cuáles son los delitos de mayor incidencia en el país y a partir de allí establecer estadísticas para atacarlos. 'Las encuestas nos van a permitir hacer un diagnóstico para que desde las comunidades se afronte el problema, lo que nos dará mucha fortaleza', afirmó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que participó en la instalación del consejo a la que también se dieron cita la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales; la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, así como algunos integrantes del Gabinete Ejecutivo.
Adicionalmente, se prevé la participación del Legislativo Nacional mediante la aprobación de una ley de desarme.
Las cifras no importan.
Al ser consultado sobre las cifras de homicidios cometidos en los últimos meses en el territorio nacional, El Aissami aseguró que serán presentadas en su debido momento por los funcionarios correspondientes.
Afirmó que aun cuando las estadísticas son un indicador importante se ha pretendido reducir el debate de la seguridad al elemento cuantitativo.
El ministro aseveró que el índice de homicidios ha registrado un incremento sostenido. En su criterio, el Gobierno nunca ha pretendido ocultar que existe una problema de gran magnitud que afecta a los habitantes de todo el país y especialmente a las clases populares.
'Tenemos elementos en lo moral y en lo ético que demuestran cuál ha sido la actuación del Gobierno nacional y de sus instituciones en cuanto al tema de la seguridad ciudadana. Ojalá que en el país no exista un solo homicidio.
Esa es la meta, el esfuerzo y el compromiso que estamos asumiendo hoy al emprender esta labor', afirmó.
El ministro explicó que el tema de la seguridad debe ser abordado de manera integral, debido a que la violencia es un fenómenos multicausal que debe tener una respuesta colectiva y articulada en todos los niveles territoriales y en todas las instituciones.
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