Nuevos escollos a la entrada de Venezuela al Mercosur están surgiendo en Brasil y Argentina. Si antes las dudas que tenían sectores opositores de esos países se circunscribían al desempeño democrático del Gobierno, ahora se añaden argumentos económicos y comerciales que señalan al país como una amenaza al esquema de integración del sur.
Venezuela es un socio pleno 'en proceso de adhesión', ya que sólo los congresos de Argentina y Uruguay han aprobado el ingreso. Restan los parlamentos de Brasil y Paraguay por decidir.
Recientes eventos como las estatizaciones de empresas filiales del consorcio argentino Techint han agregado elementos al debate. En Brasil y Paraguay la discusión se ha demorado más de lo previsto inicialmente. Y en Argentina la Cámara de Diputados introdujo un proyecto de ley para dejar sin efecto la legislación que aprobó el ingreso venezolano en diciembre de 2006.
Los orígenes de este nuevo clima adverso están relacionados con la estatización intempestiva que hiciera el presidente Hugo Chávez, el pasado 18 de mayo, de tres empresas filiales de la argentina Techint (Tavsa, Matesi y Comsigua), que ya había sido afectada por la nacionalización de Sidor en 2008.
La entrada de Venezuela al Mercosur se dio en julio de 2006, como socio en proceso de adhesión, y de inmediato surgieron obstáculos. En mayo de 2007, el cierre de RCTV levantó una polvareda de críticas por la situación de la libertad de expresión. En agosto de 2008, las inhabilitaciones políticas de candidatos de la oposición motivaron la visita de una delegación.
'Hasta hace poco, el problema del ingreso estaba centrado en la calidad democrática de Venezuela, que debe respetar la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia', expresó Carlos Romero, analista internacional. 'Ahora las reservas son de naturaleza económica, en el sentido de si es conveniente admitir a un país que tiene una visión de desarrollo distinta, que se basa en la estatización y en el poder comunal'.
Iniciativas en contra. De ser un sólido aliado que respaldó el ingreso de Venezuela, el empresariado argentino ha dado un cambio. La nacionalización de Sidor en 2008 puso en sobreaviso al sector, así como la promesa del presidente Chávez a su homólogo brasileño, Lula Da Silva, de que no expropiaría empresas brasileñas.
De tal forma, la Unión Industrial Argentina es ahora el más duro rival de Miraflores. En un comunicado la organización argumentó que en el país se desarrolla 'una economía no de mercado que derivará en competencia desleal', con lo cual se pone en 'serio riesgo el proceso de integración del Mercosur'.
La Cámara de Exportadores de Argentina se ha sumado al reclamo. Su presidente, Enrique Mantilla, fue más al fondo del asunto, al decir que el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 del gobierno de Venezuela 'es incompatible con el bloque regional'. La razón es el papel predominante que se le imprime al Estado en desmedro de la iniciativa privada. La Asociación Empresaria Argentina también cuestionó las estatizaciones y su director, Jaime Campos, dijo que la política de estatizaciones es 'totalmente incompatible con el proceso de integración económica regional'.
La reacción del empresariado fue respaldada en el poder legislativo mediante un proyecto de ley introducido el pasado 29 de mayo por 5 diputados, que reposa en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para su discusión, todavía sin fecha.
El documento indica que las expropiaciones realizadas por Chávez son medidas unilaterales que vulneran 'el interés nacional argentino' y 'la razón de ser' del mecanismo.
La cancillería argentina refutó los argumentos. El subsecretario de Integración Económica, Eduardo Sigal, consideró 'genuinas' las inquietudes de los empresarios, pero indicó que en el Mercorsur había espacio para dialogar antes de vociferar el descontento ante la prensa. Dijo que Venezuela no había violado 'ninguna de las normas establecidas' por haber estatizado las empresas de Techint y que el Gobierno esperaba un resarcimiento.
Retraso brasileño. En Brasil, la anuencia del Congreso está a medias, a pesar de que el oficialismo tiene la mayoría y de que el presidente Lula es un defensor del nuevo socio.
La Cámara de Diputados tardó casi 2 años en aprobarla para entregarla al Senado, lo que ocurrió en diciembre de 2008.
Allí las audiencias fijadas para que expertos académicos y políticos den su opinión sobre el tema a los legisladores, se alargaron. Hasta la fecha se han realizado tres jornadas (15 y 30 de abril y 30 de junio). El senador Mozarildo Cavalcanti, opuesto al ingreso, propuso realizar una sesión extraordinaria. Tras un largo debate, se acordó realizarla el 9 de julio.
Las dudas de la oposición brasileña se mantienen en el plano del desempeño democrático, pues sus empresas no han sido tocadas aún por la política estatista venezolana.
Aún más, el préstamo de 4,3 millardos de dólares realizado por el Banco Crédito del Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil a Caracas da la idea de un compromiso entre Caracas y Brasilia al respecto, señaló el ex embajador Fernando Gerbasi. 'Ese dinero es para que el Gobierno venezolano le pague a empresas brasileñas como Odebrecht, encargada de la construcción del Metro de Caracas, con la que está en deuda', dice.
Pero en algunas audiencias comienzan a colarse las dudas sobre el tema económico. Celso Lafer, ex canciller, dijo hace unas semanas que las negociaciones sobre la tarifa externa común y la liberalización comercial no han concluido. Además, el diálogo técnico sobre la refinería conjunta en Pernambuco no ha avanzado. Por eso, explicó, incorporar a Venezuela 'sería darle un cheque en blanco'.
Como defensa, el senador Eduardo Matarazzo Suplicy, señaló que el debate 'está distorsionado', porque ha estado contaminado por 'posiciones ideológicas'. Argumenta que ambos países son complementarios económicamente y que Brasil se ha beneficiado mucho con el comercio.
En cuanto a Paraguay, no hay certeza de cuándo el Senado debatirá el tema. En marzo, el presidente de la Comisión de Exteriores, Alberto Grillón, admitió que no hubo acuerdo para el ingreso de Venezuela porque la mayoría de los legisladores lo rechaza. REGRESAR |
