Antonio Ledezma y Manuel Zelaya han sido víctimas de un golpe bueno y otro malo, según la mirada y la concepción que se tenga de la política de la violencia para enfrentar al adversario o al enemigo.
Despojar a Ledezma de sus facultades como alcalde metropolitano, electo por más de 700 mil votos, y a Zelaya de las suyas como Presidente de Honduras, electo por más de 900 mil votos, no sólo los convierte en mártires del golpismo en América Latina, sino que también le abre las puertas a los militares que pueden ser bienvenidos o repudiados, si el golpe que supuestamente puedan tener entre telones es calificado de bueno o malo.
Para los demócratas que consideramos que los gobiernos deben ser dirigidos por los civiles y apoyados institucionalmente por los militares, y de pronto nos encontramos ante hechos cumplidos, es decir, que un grupo de militares usa las armas que le ha confiado la República y toma el poder, nos sentimos obligados a reiterar nuestra convicciones democráticas, denunciarlos cívicamente y contribuir a que la dinámica de la crisis, porque se trata de una crisis política, haga obligatorio el retorno de la democracia. Es lo que ha pasado en todas las dictaduras militares que se han impuesto en América Latina, algunas más sangrientas que otras, más o menos prolongadas en el tiempo, pero que indefectiblemente terminan dejando en manos de los civiles no sólo la conducción del Estado, sino la recuperación del desastre económico, social y político que generalmente dejan como consecuencia de una actividad para la cual no fueron preparados, ni se les asignó constitucionalmente como atribución legítima.
Lo más lamentable y peligroso para nuestros países es que mientras no se consolide un pensamiento democrático en la sociedad civil y en el mundo militar, ningún gobernante electo o no, está a salvo de la intervención de los militares en la política por medio de, lo que saben hacer, el uso violento de las armas o el golpe de Estado. De allí que el presidente Chávez no sólo está obligado a defender a Manuel Zelaya, sino también a devolverle las facultades plenas a Antonio Ledezma, de las cuales lo ha despojado inconstitucionalmente.
La decisión del alcalde metropolitano de declararse en huelga de hambre, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Caracas, para defender el derecho de los trabajadores de la Alcaldía a cobrar sus respectivos sueldos y salarios retenidos por la representante del presidente Chávez, nombrada a dedo como jefa ejecutiva de la capital, y para denunciar ante el mundo la violación de la Constitución Nacional por parte del gobierno, recibió el respeto y la solidaridad de todos los demócratas que aspiramos a vivir en un Estado de Derecho.
Exponer la vida por una causa legítima de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana y por el derecho de todos los venezolanos a disfrutar de un régimen de paz y democracia, exige un alto coraje personal y un valor cívico, propio de los hombres y mujeres que conciben la existencia como un apostolado ciudadano y una excepcional vocación de servicio público.
Juan Páez Ávila
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