La Cámara de la Radiodifusión y la Confederación de Trabajadores de Venezuela coinciden en que por lo menos 5.000 puestos de trabajo estarían en riesgo, si se confirma el cierre de las otras 206 emisoras pendientes de sanciones administrativas.
De las 720 emisoras en el país, tanto en AM como en FM, 577 (80%) son controladas por el al Estado y 143 (20%) por el sector privado, de acuerdo con el gremio de la radiodifusión, lo cual confirma la hegemonía estatal en radio.
Reporteros Sin Fronteras calificó la medida de 'capricho gubernamental'. 'Este cierre masivo de medios considerados como opositores, peligroso para el futuro del debate democrático, responde a la voluntad gubernamental de acallar las voces discordantes, y sólo empeorará las divisiones en el seno de la sociedad venezolana', señaló la organización.
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