La decisión gubernamental de clausurar las transmisiones de 34 emisoras entre radio y televisión, ha dejado en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad política de las Leyes en el país, el articulado que ellas representan y, por si fuera poco, el derecho a la defensa no sólo de los afectados, sino de todos los ciudadanos que, desde la mañana del sábado, escucharon el vacío al sintonizar sus emisoras de preferencia.
Y es que aún cuando el artículo 73 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, claramente expresa que '...los derechos sobre el uso y explotación del espectro radioeléctrico derivados de una concesión no podrán cederse o enajenarse', en la práctica existen mecanismos que permiten que esto ocurra y la Ley claramente establece, en el mismo artículo 73 que '...el concesionario podrá solicitar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, su sustitución en la titularidad de la concesión por la persona que indique al efecto, siempre que ésta cumpla con las condiciones y principios establecidos en la Ley'.
Sin embargo, el ministerio del PP para las Obras Públicas y Vivienda a través de Conatel, sólo cumplió el primer paso de una serie de normas y consideraciones para revocar las concesiones que, en otros casos, sí ha llevado adelante y para mayor ejemplo lo que hizo tiempo atrás con los operadores de TV por Suscripción aparentemente ilegales, a los que les dio un plazo largo para ponerse a derecho, pues estos pagaban impuestos y cumplían con lo establecidos en las leyes, con la única excepción de que no tenían habilitación para operar.
En el caso de la radio, Conatel, después de siete años de retraso (La Lotel del 2000 establecía el plazo para transformar los títulos en dos años), solicitó a los operadores, nuevamente, la actualización de los títulos para su transformación en habilitaciones administrativas y allí, además, como caso aparte pero integrado, solicitó los documentos de la concesión y concesionario original, así como los acuerdos, negocios, cesiones y arreglos que éstos habían hecho años atrás con otros concesionarios, para verificar la validez de esos documentos.
'Y lo que allí pasó fue que el organismo, con la certeza de que una cantidad de circuitos y radioemisoras estaban operando, a su juicio, de manera ilegal, pues no habían cumplido los pasos establecidos en el artículos 73 de la Lotel para tener esas cesiones o asociaciones, se propuso cumplir, por primera vez la Ley, pero en un escenario de alta confrontación política que, aún cuando pueda estar legalmente establecido, es claro que tiene más del extremo radical que vive el país' destaca un conocedor de las Leyes de Telecomunicaciones, pero que prefiere mantenerse en reserva.
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