Se pretende vender la idea de que no hay inseguridad, crisis económica, problemas laborales
A la Fiscal General le parece prioritaria la tarea de proponer una ley para sancionar 'delitos mediáticos', preocupada como está porque se afecta la seguridad nacional, la tranquilidad pública y la salud mental de los venezolanos y todo esto se combatiría con amenazas de cárcel para todo aquel que denuncie, critique, censure o a las puertas de la morgue reclame que simplemente 'aquí no hay justicia', a través de un medio de comunicación.
Es, sencillamente, un despropósito, esta ley. Por lo demás ya tenemos instrumentos de sobra que han logrado su cometido de la autocensura y que han llevado a la cárcel a ciudadanos por emitir opiniones públicas (caso: Usón).
Disposiciones que sancionen el genocidio, los delitos de lesa humanidad y otros crímenes internacionales, ausentes de nuestra legislación interna, son una necesidad. Pero utilizar el Derecho Penal, no para garantizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino para castigar cualquier expresión critica o incómoda para el régimen es verdaderamente un delito de 'lesa patria', manifestación inequívoca de la 'Razón de Estado'.
A través de los medios, con muchas limitaciones, se denuncian hechos de corrupción, se recogen las quejas y reclamos de los que no tienen voz, se difunden opiniones, se censura y crítica a los funcionarios públicos y se les excita a que cumplan con sus deberes. Se trata de verdaderos contralores sociales que hasta ahora no han podido ser silenciados , a pesar de amenazas de cierre y actos de violencia, revocación de concesiones, eliminación de pautas publicitarias y 'consejos de prudencia y cautela'.
La 'falsedad' de una información, crear 'zozobra o alarma' 'atentar contra la salud pública', son fórmulas ambiguas, subjetivas, vagas, incompatibles con el principio de legalidad, base del Derecho Penal garantista, que simplemente permitirán encarcelar todo el que sea incómodo para quien ejerce el poder.
La sanción de los delitos informáticos y contra la privacidad de las comunicaciones, tiene relación con la protección a la personalidad moral del ser humano y la confidencialidad de lo que se comunica , pero la sanción a pretendidos 'delitos mediáticos' solo se explica por el propósito de censurar un derecho que ni en estados de excepción puede ser limitado.
Así como se inventó la infausta frase de que no hay presos políticos sino políticos presos, así también ahora se pretende vender la idea de que no hay inseguridad, ni crisis económica, ni gravísimos problemas laborales, de salud o de justicia, sino una simple 'sensación' creada por obra y gracia de los medios, los cuales solo cumplirían un papel de desestabilización y de 'inseguridad social'.
Sería la primera vez que una sensación generalizada de una colectividad -sin distingos políticos- no encuentra su base en una realidad. Ojalá el hambre, las necesidades, las enfermedades, la inseguridad, la muerte y la inconformidad de tantos venezolanos fuera simplemente una sensación, y que el 'drama mediático' pudiera concluir con la cárcel para los propagadores de tales infundios prevalidos de unos medios que no informan, sino que enferman.
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Alberto Arteaga Sánchez´ REGRESAR |
