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Por considerarlo 'vago', 'impreciso' y que 'permite la discrecionalidad y la arbitrariedad', los gremios periodísticos, centros académicos y distintas organizaciones de derechos humanos condenaron el proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos que presentó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
En rueda de prensa conjunta, las organizaciones Espacio Público, Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Prensa y Sociedad, Expresión Libre, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco), el Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advirtieron que la eventual aprobación del texto representaría 'un retroceso a los oscuros tiempos de las monarquías absolutistas y de las dictaduras totalitarias'.
Por su parte, Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, cuestionó que la fiscal se hubiera escudado en la seguridad nacional para justificar su proyecto, pues 'es el mismo argumento que se utilizó en las dictaduras del Cono Sur, es el mismo argumento que utilizan regímenes no democráticos, y es el mismo argumento mediante el cual hubo restricciones a los derechos individuales en Estados Unidos (durante el gobierno de George W. Bush); es decir, es el mecanismo que utiliza el poder para restarle derechos y garantías a los ciudadanos. La seguridad nacional sólo puede ser argumento si la restricción es la única posibilidad para garantizar la seguridad'.
Tras reclamar que se deseche el borrador, Correa exigió también modificar la reforma del Código Penal de 2004, en la cual se endurecieron las penas por los delitos de injuria y difamación.
Por último, el presidente del Ininco, Gustavo Hernández, indicó que esta iniciativa y las medidas contra las emisoras radiales responden a que 'el Gobierno sufre una crisis de rating, sus niveles de audiencia caen y en consecuencia su capacidad de construir una realidad discursiva paralela cada vez más alejada de la realidad que sufrimos los venezolanos. Ante esto el Gobierno ve con terror que la comunicación libre mantiene y aumenta sus niveles de audiencia'.
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL
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