El hallazgo de cinco lanzacohetes AT-4 en manos de las FARC, que fueron comprados por Venezuela en los años ochenta, según denuncian los gobiernos de Colombia y Suecia, revela una serie de faltas cometidas por el Estado nacional en el cumplimiento de normativas internacionales para el control de la proliferación de armas, de acuerdo con especialistas nacionales y extranjeros consultados.
El Gobierno venezolano, a través del presidente Hugo Chávez, alegó que las armas fueron robadas en un ataque del Ejército de Liberación Nacional contra un puesto fluvial de la Armada en Cararabo, en febrero de 1995. Así dejó por sentado que su gobierno no tiene responsabilidad en que hayan caído en manos de terceros. El Gobierno sueco, que pidió explicaciones a Caracas, todavía no ha opinado sobre esa respuesta.
Hace dos semanas, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, denunció que grupos terroristas colombianos adquirieron lanzacohetes en los mercados internacionales. Posteriores informaciones oficiales de Bogotá precisaron que se trataba de armas tipo AT-4 encontradas por militares colombianos hace unos meses en campamentos de las FARC.
El Gobierno de Suecia, que ha vendido ese tipo de armas avaló luego la denuncia colombiana y pidió explicaciones al gobierno de Hugo Chávez, pues fueron vendidas por ese país y quiere saber por qué llegaron a manos de los insurgentes.
Desde Estocolmo. Simon Wezeman, especialista del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, afirmó: 'Venezuela es responsable ante Suecia, no sólo ante el fabricante privado de las armas, por el destino final de las armas AT-4'.
En la entrevista telefónica añadió que el caso es de gran interés en el país nórdico porque el tema de la proliferación de armas 'es cada vez más importante para la comunidad internacional'. Eso se demuestra en la gran cantidad de convenios mundiales para controlar esos artefactos.
Wezeman apunta que la situación implica dos violaciones graves en relación con el tema del control de armamento, 'que con mucha rigurosidad lleva el Gobierno sueco'.
En primer lugar, Venezuela está violando 'la declaración del acuerdo de uso final'.
Este es un elemento básico en los contratos de venta de armas, señala. En todos los casos, el país comprador firma con la compañía fabricante del arma un contrato que tiene una cláusula con la que se compromete a ser el destinatario final de las armas. 'Pero además, también se firma un documento con el gobierno del fabricante, en este caso Suecia. Venezuela firmó uno con el Gobierno sueco', agrega Wezemen.
En ese contrato, el Estado comprador de armas se compromete con el Estado vendedor a que sus Fuerzas Armadas serán las únicas en utilizarlas.
'El país asegura que no traspasará las armas comercializadas a terceros, sean países o grupos irregulares', afirma.
'Esto fue claramente violado'.
Si el armamento fue robado o extraviado, el Gobierno venezolano estaba en la obligación de comunicarlo.
En segundo lugar, dice, se estaría violando la normativa antiterrorista de la Unión Europea. Desde 2002, las FARC son consideradas un grupo terrorista, y los instrumentos para limitar sus acciones incluyen la Decisión marco 2002/475/ JAI, del 13 de junio de 2002, y la Posición Común 2001/931/ PESC, de diciembre de 2001.
En esos documentos se estipula que es ilegal cualquier tipo de apoyo financiero y político a esos grupos. 'No se pueden enviar armas sin permiso del país vendedor, y mucho menos a un grupo beligerante y terrorista'.
Wezeman indica que hay muchos antecedentes similares, como la venta de armas a la contrainsurgencia en Nicaragua o la transferencia de equipos bélicos estadouniEl desarrollo del caso depende de la respuesta de Venezuela, dijo el especialista. 'Puede ser que el Gobierno venezolano dé una respuesta positiva que lleve a una negociación, en la que se le permita a Suecia inspeccionar el lote de armas AT-4 en el sito donde está almacenado en el país'. Otra opción es que el Gobierno sueco abra una investigación con el apoyo de la Unión Europea que determine las responsabilidades de Venezuela en el marco de los acuerdos antiterroristas. 'Es posible que lleguen a considerar sanciones', como la suspensión temporal de venta de armas de otros países europeos.
Seguimiento. Existen varias formas de desvío de armas a grupos irregulares (delincuencia organizada o grupos terroristas), según Martín Gabriel Barrón Cruz, del Instituto de Ciencias Penales de México.
'El suministro directo de los gobiernos; violaciones de los embargos de armas por traficantes; violación de los convenios que prohíben la transferencia de armas mediante el encubrimiento de la identidad del usuario final y la falsificación o compra de estos certificados; el contrabando y el robo de arsenales del Estado', dijo.
Para evitar esas irregularidades, además de la cláusula de destinatario final del contrato que firman las partes, en el ámbito internacional existen tres tipos de tratados y convenciones que regulan la venta y transferencia de armas, la mayoría suscritos por Venezuela.
El primero es el de las armas nucleares, bacteriológicas y químicas; el segundo es el de las armas convencionales, en el que se incluyen las de artillería y de guerra; y el tercero es el de las armas livianas, que son las de mano y las autotransportables. En este se inserta el lanzacohetes AT-4, porque se puede cargar en el hombro.
'Venezuela es signataria de todos los acuerdos', afirma Rocío San Miguel, del grupo Control Ciudadano. 'Sin embargo, hay nula información sobre el cumplimiento de los acuerdos y del compromiso a dar información sobre la compra, venta y transferencia de armas que tiene el Gobierno venezolano ante la ONU y la OEA'.
Por ejemplo, desde 1998 hasta 2007 Venezuela sólo ha informado en una ocasión a la ONU sobre su registro de armas. Ante la OEA tampoco lo ha hecho, aun cuando, al contrario del registro de la ONU, es una obligación.
Tampoco ha establecido las penas que se deben imponer por las violaciones cometidas con este tipo armas.
En la Organización de Estados Americanos existen cuatro instrumentos y bajo la égida de Naciones Unidas hay tres.
El general retirado Enrique Silva Prieto, abogado penalista experto en legislación militar, enumeró las violaciones en las cuales estaría incurriendo el Gobierno. 'El hallazgo de estas armas confirma las informaciones que circulaban extraoficialmente de que había corredores de armas clandestinas para la guerrilla, entre ellos venezolanos', dijo.
En primer lugar, el caso evidencia una violación de la contratación con el fabricante sobre el uso y destino final de las armas. En segundo lugar, se desconocen los acuerdos internacionales de la OEA relacionados con el uso y control de armas, firmados para evitar que haya una escalada armamentista y que un país pueda subyugar a otro. En tercer lugar, viola el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca , TIAR o Tratado de Río, suscrito en 1947, que es un pacto de defensa mutua interamericano para mantener la región como una zona de paz.
'Introducir un elemento de desequilibrio bélico en un país, como es el desvío de armas a un grupo beligerante dentro de Colombia, es violar el espíritu del acuerdo. También se establece un señalamiento delicado contra Venezuela, por cuanto estaría asistiendo a un grupo considerado como terrorista por muchas naciones del mundo, entre ellos la propia Colombia y Estados Unidos', argumenta.
Explica que desde que se instaló el Plan Colombia en 1998, los gobiernos de Bogotá han hecho una investigación completa sobre las rutas de ingreso de armas a ese país, a través de tecnología satelital. 'Ellos saben mucho sobre el armamento que ha entrado desde Venezuela. Con las pruebas que surgieron de la computadora de Raúl Reyes, líder de las FARC, surgirán pruebas para una imputación ante la Corte Internacional de La Haya para juzgar a quienes han beneficiado a la guerrilla'. REGRESAR |
