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Los expertos advierten que ahora se respetan más las nuevas leyes, que permiten hostigar a la prensa, y no lo estipulado en la Carta Magna
La entrada en vigencia, en 2005, de la reforma parcial del Código Penal trajo consigo, además de disposiciones que limitan la libertad de expresión, contenidas en los llamados delitos de opinión, una intensificación de procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación social, tal como demuestran las estadísticas de Espacio Público, ONG que reporta la existencia de 166 casos de hostigamiento judicial, desde 2002 a la fecha, contra periodistas y medios de comunicación social en todo el país.
La reciente detención del periodista Gustavo Azócar, en el estado Táchira, es el último de procedimientos que han llevado a los comunicadores a los órganos de justicia, víctimas de la judicialización de la opinión.
Débora Calderón, representante de Espacio Público, aseguró que hasta 2002 las acciones contra los periodistas eran básicamente a través de agresiones físicas, pero que después de la aprobación de la reforma del Código Penal 'las limitaciones a la libertad de expresión comenzaron a hacerse sutilmente', pero mediante el uso de los órganos judiciales y administrativos por parte de diferentes agentes del Estado, lo cual ha dejado en evidencia que 'el ejercicio del periodismo es cada vez más incómodo para el Gobierno'.
En contra de los periodistas se han utilizado los delitos de opinión (difamación, injuria, vilipendio) para abrirles procedimientos e investigaciones.
Sólo en lo referente a condenas por difamación, los tribunales del país sentenciaron a Ibéyise Pacheco, Julio Balza, Carlos Gibson, Patricia Poleo, Henry Crespo, Iván Martínez y Mireya de Zurita.
Otros siete comunicadores sociales fueron acusados por delitos de opinión; entre ellos se cuentan, nuevamente, Patricia Poleo (que además fue imputada de homicidio por el caso del fiscal Danilo Anderson); Napoleón Bravo, Manuel Isidro Molina, Marianella Salazar, Nelson Bocaranda y Miguel Salazar. Poleo y María Angélica Correa han sido también investigadas en la jurisdicción penal militar, al igual que Manuel Isidro Molina.
Antecedentes. Uno de los peores precedentes contra la libertad de expresión se sentó cuando el juez 6º de Control de Caracas, Florencio Silano, prohibió a los medios difundir información sobre las actas del expediente del asesinato del fiscal Danilo Anderson.
Tal orden se configuró en la primera acción de censura previa auspiciada por la Fiscalía, órgano que solicitó la medida.
Más recientemente se sancionó a Globovisión por la transmisión de las cuñas de Cedice y se pretendió, nuevamente por acción del Ministerio Público, que un tribunal prohibiera a medios impresos la publicación de tales avisos, pero no se acordó la medida.
Calderón indicó que la represión ha pasado ahora a ser más frontal: 'Los funcionarios no dan explicaciones en cuanto a las razones técnicas o jurídicas para tomar medidas contra los medios; los argumentos siempre son políticos, y eso hace dudar de la legitimidad de las sanciones'.
En 7 años. En el informe 2007 por Espacio Público, llamado 'El peso de las palabras' se reportó que desde 2002 eran 63 los casos de persecución judicial contra periodistas. Ahora se revela que entre 2007 y lo que va de 2009 la cifra aumentó en 103 casos más.
En 2007 se abrieron 42 expedientes; 30 en 2008, y hasta junio de 2009 la cifra preliminar de Espacio Público era de 31.
Por lo menos 10 periodistas y otros trabajadores del canal de noticias Globovisión han sido citados por la Fiscalía para ser entrevistados por varios casos.
El más emblemático es el que tiene que ver con las declaraciones del presidente de El Nuevo País , Rafael Poleo, en el programa Aló, Ciudadano, en el que supuestamente ofendió al presidente Hugo Chávez.
Por este expediente han sido citados no sólo Rafael Poleo, sino también el conductor del programa, Leopoldo Castillo (que ha rendido declaración en la Fiscalía en dos oportunidades); el director del medio de comunicación, Alberto Federico Ravell, y casi una decena de empleados de la planta.
Administrativamente. Además de los casos ante los tribunales, también el Estado ha actuado administrativamente en contra de medios de comunicación y comunicadores, como fue el caso de Laureano Márquez, acusado de ofender el honor de la hija menor del Presidente y sancionado por ello con una multa millonaria por el Consejo de Niños y Adolescentes.
En 2007 el Tribunal Primero Civil de Caracas admitió una demanda de un militar contra El Nacional por supuestos daños morales.
Uno de los más evidentes ataques a la prensa fue el proferido por el Seniat a Globovisión con la sanción impuesta por la transmisión de propaganda partidista durante 2002: la multa se fijó inicialmente en 5 millones de bolívares y luego se aumentó a 9 millones con el argumento de que el monto se debía ajustar de acuerdo a nuevo valor de la unidad tributaria.
Calderón asegura que la situación actual coloca a Venezuela en contravención de la Constitución y los tratados internacionales: 'Ahora se respetan más las nuevas leyes, que permiten hostigar a la prensa, y no lo estipulado en la Carta Magna, que es muy bonita, pero se cumple poco'.
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