Una nueva ley propuesta por el vicepresidente de la República, Ramón Carrizález, le dará poderes al Ejecutivo Nacional para determinar qué terrenos urbanos, ubicados en el centro de las ciudades y en los municipios, y equipados con servicios públicos, podrán ser utilizados para el desarrollo de programas sociales de vivienda o para la construcción de plazas, canchas, módulos y parques.
El instrumento legal con 36 apartados, aprobado este martes en primera discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional, tendrá como fin 'regular el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat', y declarará de utilidad pública las tierras urbanas sin uso.
En el sexto artículo se indica que los espacios apropiados para llevar a cabo proyectos de infraestructura serán aquellos 'sin uso'. Pero más abajo, en el mismo apartado, enumera como tierras urbanas aptas: las abandonadas por sus propietarios, las que están sin edificar y 'cualquier otra, que así determine el Ejecutivo Nacional'.
Las comunidades organizadas estarán facultadas para denunciar 'la existencia de tierras urbanas presuntamente sin uso', y para actuar 'como custodio' de los espacios que hayan sido declarados como inutilizados o que estén en evaluación.
El texto no especifica de qué manera se hará esta custodia; sólo señala, en el artículo 33, que es 'a fin de asegurar el bien de posibles invasiones'.
La ley propuesta por Carrizalez no sólo regulará las áreas inutilizadas o aquellas que determine el Ejecutivo, sino las que tengan construcciones con ciertas características.
Los propietarios de tierras urbanas ocupadas con edificaciones en ruina, 'con fallas de construcción, deterioradas, que superen sesenta (60) años de haberse construido, o declaradas inhabitables', deberán vendérselas a la República, que tendrá un derecho de preferencia para adquirirlas.
Después de que la comunidad haga la denuncia de un terreno presuntamente sin uso, el organismo público habilitado abrirá el procedimiento para evaluar el caso. Esto les será notificado a los propietarios, quienes tendrán 10 días para presentar sus alegatos, y 20 días después de la consignación de pruebas, se decidirá sobre el futuro del bien.
Con respecto a los precios de las tierras, el proyecto de ley es poco específico pues señala que se calculará 'en razón de un mismo valor para las tierras urbanas con características similares ubicadas en los diferentes sectores'.
En caso de que el área declarada sin uso tenga un inmueble, la determinación del precio de éste dependerá de su clase, calidad, situación, dimensiones aproximadas, su probable producción.
Entre los elementos del avalúo, se tomará en cuenta obligatoriamente: el valor fiscal del inmueble declarado por el propietario, el valor establecido en el último traspaso de la propiedad, y 'las regulaciones dictadas por el Ejecutivo Nacional'.
Impacto económico. El precio referencial del metro cuadrado que usa la Dirección de Asesoría Económica de la Asamblea es de 333,00 bolívares fuertes, para calcular el impacto total de 527,6 millones de bolívares que tendrá esta ley en las finanzas públicas una vez que sea aprobada.
El ente legislativo señala que 'se requeriría expropiar, para el año inicial del programa, 1,58 millones de metros cuadrados de terreno' para construir viviendas multifamiliares.
'Si el precio promedio nacional es de 333,00 bolívares fuertes, el monto requerido para financiar la expropiación de esa extensión ascendería a 527,60 millones de bolívares', señala el documento. REGRESAR |
